El Gobierno legaliza las 400 casas de El Palo y Pedregalejo

La incertidumbre con la que los propietarios de las tradicionales casas de pescadores levantadas en El Palo y Pedregalejo viven desde hace décadas toca a su fin. La odisea que ha supuesto para los vecinos de esta zona el tantas veces prometido proceso de regularización terminó ayer cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988, que permitirá excluir a todas estas casas del dominio público marítimo-terrestre.

La barriada malagueña, junto con otras nueve de las provincias de Gerona, Huelva, Alicante y Valencia, quedará fuera del marco normativo de la futura ley y a partir de ahora sus vecinos serán reconocidos como propietarios, e incluso podrán vender sus viviendas. Eso no significa, según se desprende del texto inicialmente aprobado, que estas personas tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora. Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas, que se encuentran situadas en suelo de dominio público.

La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años. Menos en las casas de El Palo y Pedregalejo, al resto de las viviendas ubicadas en las playas se les amplía la concesión por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon. Pero en el caso de las viviendas, el Gobierno central anunció ayer que será "prácticamente simbólico".

Para el Ejecutivo, esta medida asegura la continuidad ordenada y selectiva de las ocupaciones de dominio público marítimo-terrestre y "concilia la conservación del litoral con su uso sostenible". Aunque para los afectados supone el final de un complejo proceso administrativo que se ha prolongado durante más de dos décadas.

Pero para evitar que la situación se descontrole e impere la sensación de que la nueva ley da vía libre a otras actuaciones urbanísticas, el anteproyecto de la nueva ley contempla que estas zonas sean definidas y cartografiadas para que no puedan crecer y aquellos núcleos que no estén en la lista, se someterán a la norma general de las concesiones. Es el caso de unas 50 casas centenarias de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar, que están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución con la Dirección General de Costas para la permanencia de sus viviendas.

Son muchos los casos similares que se distribuyen a lo largo de la costa y, sin embargo, sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde y que finalmente en la desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad.

La nueva norma, además de elevar hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa sin aclarar qué ocurrirá transcurrido ese tiempo, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y modificará las normas del deslinde administrativo.

El documento aprobado ayer previsiblemente volverá en forma de proyecto de ley en septiembre, tras superar una fase de consulta con distintos ministerios y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.