Otra negativa más a la torre del puerto. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha estado este jueves en Málaga y preguntada sobre el proyecto para construir un hotel de más de 100 metros de altura en el dique de Levante del puerto de Málaga, ha aseverado que "en un momento como este y en una ciudad como esta la prioridad no está en más plazas hoteleras, sino en más viviendas asequible". 

Rodríguez estaba en Málaga para asistir a un congreso sobre vivienda organizado por Comisiones Obreras y ha señalado que, pese a que en su opinión la ciudad debería poner todos sus esfuerzos en dar soluciones habitacionales y no en generar oferta turística –la torre del puerto supondría un nuevo hotel de cinco estrellas en la ciudad– no conoce "de quién depende el trámite administrativo". 

En el marco de estas jornadas, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha pedido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana que "no se autorice la construcción de esa torre del puerto, porque no está pensada para los malagueños".

El último movimiento al respecto fue la aprobación de la modificación del Plan Especial del Puerto en el Ayuntamiento de Málaga, acabando así con los trámites municipales necesarios. En estos momentos es el Puerto de Málaga y Puertos del Estado quienes, con esta documentación, deben elevar un informe al Consejo de Ministros para que decida si levantar la prohibición al uso hotelero en suelo portuario. Esta exención ya se hizo a principios de siglo en Barcelona para la construcción del llamado Hotel Vela. 

Recientemente, el Gobierno, después de la respuesta parlamentaria conocida a razón del proyecto del hotel rascacielos en el puerto de Málaga, puntualizó y dijo que el Consejo de Ministros sigue teniendo la última palabra en la luz verde final que necesita el proyecto. 

Nacho López, portavoz de Movilidad Sostenible y diputado del PSOE por Málaga en el Congresos de los Diputados, explicó en un mensaje en sus redes sociales que la "aprobación final no es una decisión únicamente jurídica". Esta afirmación se da a raíz de una respuesta parlamentaria a una pregunta hecha por Sumar en la que se afirma que la tramitación urbanística está hecha conforme a la legislación vigente y que el BIC de la Farola sólo afecta a su basamento. 

"Cumplir los trámites administrativos es un requisito para cualquier actuación pública. No presupone decisión. Es condición necesaria pero no suficiente", aseguró López, que recuerdó que la pelota está en el balón del Consejo de Ministros: "La decisión de permitir un hotel en zona portuaria corresponde finalmente a la Administración General del Estado, y como dice la Ley de Puertos tiene varias consideraciones: Decide el Consejo de Ministros, es algo excepcional y debe acreditarse el interés general".

De esta manera, el último resquicio –si el BIC de la Farola, como se entiende de la respuesta parlamentaria del 9 de enero, no afecta a su apagado y sólo protege el espacio delimitado por su basamento– por el que se podría caer el proyecto de la torre del puerto es la justificación de interés general del mismo para que se levante la prohibición del uso hotelero. 

Apuesta por el alquiler a precio asequible

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha destacado que hay recursos para una política pública de vivienda, especialmente de alquiler y rehabilitación, y ha apostado por un parque público de pisos con alquileres a precio asequible y por poner las 'segundas viviendas' en alquileres asumibles.

Así lo ha asegurado al participar, junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la jornada 'El derecho a la vivienda digna, adecuada y sostenible' del sindicato. Según la ministra, el precio de los inmuebles sigue subiendo y ha recordado que hay 5.500 millones de euros destinados a política pública de vivienda.

En este sentido, ha precisado que son especialmente para alquiler y rehabilitación, y ha planteado sobre las 'segundas viviendas' que no se especule con ellas y se ofrezcan en alquiler asequible.

Se ha referido a una cifra de 4.000 millones de euros, y avales por otros 2.000 millones, para que promotores públicos y privados construyan viviendas destinadas a un alquiler asequible, con el objetivo de contar con 43.000 inmuebles.

Ha comentado que hay que atender "situaciones excepcionales" y que en el caso de Málaga "hay un mercado especialmente tensionado, marcado por el carácter turístico" y "el pasotismo" ante los pisos turísticos.

Al respecto ha explicado que explorarán vías del Estado sobre la regulación y control del aumento en el alquiler en ciudades con alquileres turísticos. También ha aludido a "la explosión de universidades privadas con las que se invade el mercado de alquiler por personas dispuestas a pagar mucho".

Rodríguez quiere contar con los sindicatos y los grupos políticos para que participen en un consejo asesor, ya que "las soluciones no son fáciles ante un problema complejo", que define como "prioridad en la legislatura".

La ministra ha señalado "anomalías" con comunidades como Andalucía, que reclaman su competencia en vivienda y llevan la ley al Tribunal Constitucional, pero después sólo ejecutan con presupuestos del Estado; y ha defendido que la construcción se desarrolle con un empleo estable.