La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Málaga ha hecho público que, ante la denuncia puesta por esta organización sindical, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) por transgredir la normativa laboral.

En concreto, el Sindicato ha afirmado que esta administración no ha registrado la jornada de parte de su personal y también ha vulnerado el derecho de información que asiste a la representación de la plantilla (art. 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical), además del artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a registrar la jornada laboral de la plantilla con contrato laboral ordinario, sin excepción.

El concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Raúl López, asegura que esta denuncia proviene de "dos trabajadores de los 303, un jefe de servicio y un jefe de departamento". López, afirma que ya se ha puesto solución a la irregularidad, "la Inspección de Trabajo pidió información, consideró que el sistema para fichar era mejorable y desde la Gerencia se aceptó y se recondujo". 

El representante sindical de CCOO en la GMU, Luis Ángel Morales ha anunciado que esta administración ha sido sancionada por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga, al considerar que ha incumplido la normativa laboral vigente.

Al respecto, Morales ha explicado que “la Inspección ha calificado como graves dos incumplimientos cometidos por las personas al frente de la GMU”. En concreto, que “los responsables de dicha administración han negado a la representación sindical información sobre el registro laboral de jornada de su plantilla, infringiendo así el artículo 103 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical”.

Y, por otro lado, ha continuado explicando que “la GMU no ha registrado la jornada laboral de todos sus empleados y empleadas, infringiendo el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores”.

“Para CCOO, estos dos preceptos incumplidos engarzan con un principio constitucional básico, como es el principio de legalidad. La administración pública tiene la obligación de actuar amparada en una ley previa y no en los dictados de sus gestores o gobernantes”, ha valorado el representante sindical.

Morales también ha señalado que “estas sanciones suponen un perjuicio económico a las arcas municipales”, y ha añadido que “lamentamos que la sociedad malagueña tenga que pagar de su bolsillo sanciones económicas derivadas de los incumplimientos laborales por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga”.