La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido un escrito a todas las prisiones en el que ordena que los registros que los funcionarios practican en las celdas y entre sus pertenencias se hagan en presencia de los internos, siempre que, según precisa la circular, las circunstancias de “seguridad, inmediatez y disponibilidad de recursos humanos lo permitan”.

Asimismo, el comunicado, con fecha del pasado viernes 21 de febrero y firmado por el director general de ejecución penal y reinserción social, incide en que “los registros, cacheos y requisas se llevarán a cabo con el debido respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de los internos”. Y a renglón seguido, se insta a que los funcionarios velen por que “el ligero desorden inherente a la práctica de este tipo de medidas no exceda de la normalidad”.

El escrito ha indignado a la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), que considera que “se vuelve a poner en duda la profesionalidad de los funcionarios de prisiones” y recalca que los cacheos y registros derivan, en ocasiones, en agresiones a los funcionarios por las consecuencias que tienen para los presos a la hora de obtener beneficios penitenciarios.

Asimismo, el colectivo recuerda que los objetos prohibidos que se requisan en las celdas suelen ocultarse “en los lugares más insospechados y pueden ser susceptibles de mermar la seguridad del centro e incluso de poner en peligro la vida e integridad tanto de los trabajadores y los internos”.

La asociación destaca que, “mientras el Ministerio del Interior pide decoro en los cacheos” ellos piden “medios materiales que mantengan intacta la seguridad dentro de las prisiones” y remachan que “desde hace más de un año esperan la licitación de unos guantes de cacheo acordes a nuestra arriesgada profesión, en sustitución de los actuales de “jardinero” que traspasa cualquier aguja de tatuar”.

Funcionarios critican que se ponga en “duda” su “profesionalidad” y denuncian agresiones

“El trato de los empleados penitenciarios a la población reclusa es excelente, pero nunca hay que olvidar el medio en el que trabajamos, sumamente hostil, que cada día nos ofrece serias dificultades”, denuncia la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.

Entre los útiles prohibidos que los trabajadores tienen que decomisar destacan los objetos punzantes de fabricación casera, teléfonos móviles con los que los internos pueden seguir realizando su actividad delictiva o incluso incumplir una orden de alejamiento, además de las sustancias tóxicas o psicotrópicas.

La APFP asevera que echa “en falta “órdenes que no solo criminalicen, ataquen o mermen derechos” de los funcionarios. “Desearíamos que quien nos representa nos defienda también y garantice nuestros derechos y mire por sus trabajadores”, sostiene el colectivo.