El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan posibles pagos a funcionarios de la Agencia Tributaria en Málaga por falsos certificados tributarios.

Al parecer, según confirman fuentes consultadas por este periódico, una empresa perdió un contrato porque se le adjudicó a otra de la competencia que también concursaba. Tras indagar, descubrió que la empresa adjudicataria tenía supuestamente deudas pendientes y denunció los hechos. De esta manera, comenzó la investigación interna de la Agencia Tributaria, primero, y de la Policía Nacional, a continuación. 

La operación, que continúa abierta bajo secreto de sumario, se ha desarrollado en dos fases, la primera de ellas tuvo lugar en el mes de abril. Entonces se arrestaron a 12 personas de las que tres eran funcionarios. En la segunda, hay que sumar otros 19 implicados más, de ellos 6 trabajadores de la Administración Pública del Estado. 

En total, 31 personas han sido detenidas por su presunta implicación en esta trama, de las que nueve son funcionarios del Ministerio de Hacienda. Quince ya han ingresado en prisión por orden judicial, siendo seis de ellos empleados públicos.

Todos ellos están siendo investigados por posibles delitos de falsedad en documentos públicos, cohecho, estafa, blanqueo de capitales y delitos de naturaleza económica derivados de la supuesta utilización de los certificados, según han informado a Málaga Hoy fuentes judiciales.

Las pesquisas giran en torno a una supuesta trama de certificados tributarios después de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectara irregularidades en la expedición de los mismos. Entre los investigados además de funcionarios hay empresarios, gestores y particulares, entre otros.

La investigación se inició en torno a una presunta trama de certificados tributarios de estar al corriente en el pago de impuestos y carecer de deudas con la Agencia Tributaria, que sirve para acreditar la solvencia de empresas y particulares.

Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre un suceso similar en Málaga. En 2017, el subinspector de la AEAT ingresó en prisión por posibles delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y organización criminal.

En esta operación, doce personas fueron detenidas por su presunta participación en estos mismos delitos, y se llevaron a cabo siete registros, cuatro en domicilios y tres en despachos profesionales. 

Esta investigación también puso al descubierto la involucración en el entramado delictivo de un despacho de abogados y una asesoría de la ciudad, así como distintas personas físicas y el despacho profesional del cabecilla de la trama.