La amenaza de nuevos paros acecha a la administración de Justicia. Las principales asociaciones de jueces y fiscales han anunciado la intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, lo que provocaría “un agujero enorme”, ya que se sumaría a la sobrecarga habitual que sufren los juzgados y a los efectos de las huelgas de los LAJ y funcionarios de Justicia. 

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han anunciado posibles paros para reclamar mejoras retributivas. Otras dos asociaciones, Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales también comparten el diagnóstico de las anteriores, pero prefieren esperar a conocer el planteamiento de los Ministerios de Hacienda y Justicia el próximo 3 de mayo, cuando está convocada una Mesa de Retribuciones.

Afirman en un comunicado que se comprometen a trabajar por un acuerdo que evite poner en marcha las medidas de presión anunciadas y que pasa por un aumento salarial, pues su paralización “provocaría el doble o el triple de suspensiones” con respecto a la huelga de los LAJ o la de los funcionarios de Justicia, aseguró María del Carmen Gutiérrez, delegada provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura.

“El atasco sería mayor porque también nosotros tenemos muchas más funciones y atribuciones”, manifestó. A pesar de que muchos juzgados, como en los de Violencia sobre la Mujer, no pararía su actividad apenas porque la mayoría de casos serían considerados como servicios mínimos, Gutiérrez afirmó que los de lo civil “pararían prácticamente al 100%”. De esta manera, augura que esto -unido a la sobresaturación normal y los paros anteriores- provocaría “un agujero enorme”. Además, sería la tercera vez que jueces y fiscales paralizan su actividad para reivindicar mejoras laborales, tras las dos huelgas que convocaron en 2018, primero con Rafael Catalá al frente del Ministerio y, tras el cambio de Gobierno, con Dolores Delgado como titular de Justicia.

A pesar de que el Ministerio de Justicia ya resolvió la huelga convocada por los secretarios judiciales con un aumento salarial bruto de entre 430 y 450 euros tras dos meses de paros, ahora, se enfrenta también a las movilizaciones que mantienen los funcionarios de Justicia desde hace una semana para lograr una subida salarial y la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).

Tras una segunda reunión fallida este lunes con Justicia, sin oferta económica sobre la mesa, los sindicatos convocantes del paro, CSIF, CCOO, STAJ y UGT, endurecerán sus medidas de presión y ya han anunciado para el jueves de la próxima semana una jornada de huelga de 24 horas y una concentración frente al Ministerio.

Mientras, mantendrán sus paros diarios entre las 10:00 y las 13:00, que han provocado en la primera semana la paralización de más de cuatro millones de expedientes y la suspensión de decenas de miles de juicios a nivel nacional, según el comité de huelga. 

Por otro lado, también las asociaciones de abogados del turno de oficio reclaman una subida de sus honorarios y arrancarán sus movilizaciones con una concentración este jueves frente al Congreso.