La Junta de Andalucía acaba de publicar las ayudas al alquiler de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo en este apartado a los jóvenes de menos de 35 años. Conforme a la información recogida en la orden regional, la partida reservada para atender las solicitudes que se presenten en la provincia de Málaga se sitúa en 3.740.783 euros, cuantía que, en la prolongación del plan gasta el año 2020 alcanzará los 11,2 millones de euros. Conforme al comportamiento de otras convocatorias pasadas, se prevé que sean del orden de 3.000 los beneficiarios.

La partida anual contemplada está por debajo de los 4.778.680 euros asignados a la provincia de Sevilla y de los 3.774.558 euros de Cádiz. Para el conjunto de la región, los fondos previstos para este ejercicio son de 19 millones de euros, para un total de 57,1 millones hasta 2020.

Una vez hecha pública la convocatoria, los potenciales beneficiarios de estas aportaciones tendrán de plazo un mes para formalizar sus solicitudes. Un lapso de tiempo a contar desde el próximo 10 de diciembre y hasta el 9 de enero del año que viene. Dos son los colectivos destinatarios de estos fondos. De un lado, las personas con ingresos limitados y a mayores de 65 años, que podrá complementarse cuando se trate de personas en situación de especial vulnerabilidad, así como ayuda a jóvenes menores de 35 años.

El plazo máximo del que dispone la Junta para resolver las peticiones de ayuda es de tres meses desde la finalización de la fecha de presentación para el caso de las ayudas cuya tramitación haya sido priorizada, así como a jóvenes; el lapso de tiempo se amplía a seis meses para el resto de los casos. Desde la propia Administración, según lo recogido en la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se advierte de que el vencimiento del plazo marcado sin haberse notificado resolución legítima a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Este línea de ayudas se nutre fundamentalmente del plan estatal de vivienda recientemente firmado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Muestra de ello es que de los 3,7 millones para Málaga, 3,4 son de aportación estatal, mientras que los 311.721 restantes corresponden al importe autonómico.

De acuerdo con los datos aportados a este periódico por la Junta de Andalucía la cifra de beneficiarios de ayudas en los últimos cuatro años supera los 10.000, con una aportación global de 13,5 millones de euros. El dato correspondiente a 2017 se sitúa en 2.823, si bien desde la Administración regional se precisaba que se trata de un dato no definitivo. En 2016 fueron 2.238; en 2015, 2.275, y en 2014, 2.745.

La política de ayudas al alquiler por parte del Gobierno andaluz viene siendo objeto de crítica desde hace años, debido al retraso considerable que se produce entre la resolución de las ayudas y el abono de las mismas. A modo de ejemplo, a principios de mes el Partido Popular denunció que la Junta que los beneficiarios de la convocatoria de 2017 seguían sin cobrar las aportaciones.

Según indicaron desde la formación popular, la Consejería de Fomento sacó en verano de 2017 la orden de ayudas al alquiler para familias y colectivos en riesgo de exclusión social o con necesidades en Andalucía, dotándola de 15 millones de euros que podían ser complementados con tres millones más. Sin embargo, “más de un año después, aún no han percibido nada pese a tener una necesidad real”.