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La Junta cuestiona la capacidad del Guadalhorce ante una gran avenida

  • Un estudio amplía la zona inundable en el entorno, con una incidencia clara sobre el desarrollo de 55 sectores incluidos en Plan General.

Las conclusiones de los últimos estudios de los que dispone la Junta de Andalucía, uno de ellos en proceso de verificación técnica, ponen en cuestión la capacidad real del río Guadalhorce en su parte final para absorber una avenida de agua de grandes dimensiones. Frente a lo que muchos pensaban, incluidos expertos en la materia, los nuevos datos de los que dice disponer la Administración regional vienen a señalar que la obra de encauzamiento inaugurada en el año 2003, tras una inversión de unos 82 millones de euros, sería incapaz de asumir avenidas con un periodo de retorno a 500 años, es decir, de consideraciones históricas y que, se estima, sólo podrían ocurrir en ese intervalo de tiempo.

Las aportaciones ahora conocidas extienden como una mancha de aceite las superficies potencialmente inundables en ese supuesto, repercutiendo de manera evidente sobre la ordenación urbanística diseñada por el Ayuntamiento de Málaga para el entorno directo del cauce. Tanto es así que, según los datos aportados a este periódico por la Gerencia de Urbanismo, de mantenerse la tesis autonómica serían 55 los sectores que se verían afectados.

Se da la circunstancia de que los usos programados en estas parcelas forman parte del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, que entró en vigor a finales de agosto de 2011, tras recibir el visto bueno de la Agencia Andaluza del Agua. No obstante, desde el Gobierno andaluz precisaron que los estudios ahora conocidos son posteriores a la aprobación del planeamiento.

"Hablamos de una obra que se entendía de adecuación suficientemente adaptada al conocimiento que se tenía en ese momento, a la información respecto a inundabilidad; ahora cambian las circunstancias respecto a la consideración del periodo de retorno y la información que tenemos con todos los datos estadísticos, toda la información sobre la cuenca del río del Guadalhorce, incluyendo la parte regulada", expuso Juan Serrato, director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico.

En este escenario, el responsable autonómico subrayó la necesidad de "poner en conocimiento de la administración con responsabilidad en materia urbanística esta información para que actúe en consecuencia; ¿cómo tiene que hacerlo? Nos ponemos a disposición del Ayuntamiento para hacer un estudio en profundidad sobre las soluciones que se pueden plantear en cada uno de los sectores".

Un ofrecimiento que desde Urbanismo se cuestiona abiertamente. Fuentes del departamento aseguran que desde el pasado verano se viene reclamando un encuentro con la consejería para profundizar en este asunto, a la que también se ha solicitado el estudio de inundabilidad del que se habla. Hasta la fecha no hay respuesta.

Respecto al estudio encargado a la consultora Sener en el año 2008, Serrato explicó que el mismo se encuentra en proceso de verificación por parte de los técnicos, si bien señaló que sus conclusiones coinciden con otros documentos de los que ya dispone el departamento, caso del mapa de peligrosidad y riesgo de la zona. Según expuso, los datos aportados obligan a "modificar los planes generales en redacción, adaptar los que estén aprobados y afecta a los se estén modificando".

La previsión de la Junta es que este documento sea "entregado pronto" a las administraciones afectadas por el cauce del Guadalhorce, si bien el responsable autonómico entendió que el Ayuntamiento "debería haber manejado" esta información, dado que es una de las administraciones locales que presentó alegaciones al mapa de peligrosidad y riesgo.

Serrato cuestionó el "alarmismo" que, a su juicio, se ha generado. Los primeros afectados son los promotores de varios sectores localizados en la margen izquierda del Guadalhorce, que se han topado con el informe negativo de la consejería. El rechazo, adelantado por el diario Sur días atrás, se sustenta en las conclusiones de los citados estudios. Ante la maniobra de los privados de impulsar la modificación del planeamiento vigente, la respuesta autonómica fue la de condicionarlos, advirtiendo de la necesidad de ejecutar con carácter previo obras de defensa para prevenir inundaciones.

Una contestación que ha provocado las críticas del equipo de gobierno. Al respecto, el director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico insistió en que las nuevas aportaciones técnicas "no ponen en peligro el desarrollo de esos sectores; sólo advertimos de que hay un peligro de inundabilidad". Por ello, de acuerdo con estas explicaciones, los afectados por la nueva huella de inundabilidad estarían obligados a realizar obras de defensa. "Hay que ejecutarlas para evitar que las personas y los bienes se vean afectadas como consecuencia de una hipotética inundación con un periodo de retorno de 500 años", apostilló.

¿Quién debe asumir esos trabajos? Según Serrato, los promotores, aunque apuntó la posibilidad de "reordenar" los sectores en el PGOU. "Se puede concentrar la edificabilidad en zonas a salvo de la mancha de inundación o incluir otros usos compatibles con la zona inundable", dijo. "Ni la autoridad municipal ni otra autoridad es capaz de tomar una decisión de desarrollar un sector teniendo en cuenta que hay un peligro de inundabilidad, que puede poner en riesgo la vida de los vecinos", sentenció.

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