Los retrasos en la gestiones médicas ya no es sólo una cuestión de la que den parte y queja los ciudadanos, sino que además la Junta admite sus propios retrasos. En concreto, hasta casi dos años puede tardar el proceso de evaluación de discapacidad. Es decir, el tiempo actual total que transcurre, en cada una de las provincias de Andalucía, desde que una persona interesada solicita el reconocimiento de grado de discapacidad por primera vez hasta que recibe la resolución de la misma.

Esto se destila de la carta remitida a un usuario perjudicado que, en vista de los retrasos sufridos en su proceso, pidió una explicación a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. El pasado 30 de agosto, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad le emitía una comunicación respondiendo a su cuestión en la cual le detallaba cuál era tiempo de espera en cada uno de los Centros de Valoración y Orientación en cada una de las provincias y localidades en los que se encuentran.

El citado paciente se encuentra en un punto especial, ya que él inició su petición de discapacidad en enero de 2020, la cual fue contestada en agosto de 2021, aunque no recibió la carta hasta el mes de octubre. Al no estar satisfecho con el porcentaje que le habían estipulado recurrió para una nueva evaluación, la cual sigue esperando diez meses después. Ante esta situación fue cuando decidió pedir esa información. “Al fin y al cabo, yo estoy en medio de una reclamación después de haber tenido mi evaluación pero hay personas que si empiezan ahora el proceso tienen que esperar casi dos años y cuanto más tarde lo inicie más retrasos acumulará. Es exagerado”, lamenta el paciente.

Desde UGT califican estos retrasos como “una falta total de sensibilidad”

Si se desgrana, la lista de centros, Málaga y Granada son las provincias que están a la cabeza, en lo que a demoras se refiere, con un promedio de 22 meses. La siguen Sevilla con 18 meses y detrás, muy cerca, Almería, Cádiz y Algeciras con 17. A continuación va Córdoba con 16 y cerrando, Jaén con 9 meses y Huelva con 8.

Sobre esta misma cuestión y tras la denuncia de particulares, ya publicaba el pasado mes de junio este periódico cómo la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT se pronunciaba al respecto mediante la emisión de un comunicado en el que tachó las demoras de “maltrato institucional”, porque sostiene que “la Administración está permitiendo con su dejadez y su falta de actuación que se produzcan casos verdaderamente dramáticos en las familias malagueñas que dependen de una resolución como única fuente de ingresos”. Una situación que la central sindical consideró “una total falta de sensibilidad y humanidad”.

La organización señaló que ese panorama se debe a la “notable falta de personal” que se traduce en “una espera de casi dos años”. Incluso asegura que hay solicitantes que no llegan a recibir nunca los beneficios de ese reconocimiento de discapacidad porque mueren mientras esperan. Para UGT se trata de “un grave perjuicio” que sufren los malagueños y que “obedece a una absoluta falta de interés de nuestros gobernantes de dotar de medios materiales y humanos que permitan recortar de una manera definitiva esta precaria situación”. Por eso, el sindicato reclamaba más equipos de valoración.