La Junta abre expediente a la empresa concesionaria de la plaza de toros
Le da un plazo de siete días para que aporte el proyecto de intervención en el que se ha apoyado para abrir bares en los bajos
La Junta de Andalucía ha abierto expediente a la empresa Coso de Badajoz, concesionaria de la plaza de toros de Málaga, por la apertura de una zona de restauración sin autorización de la Delegación de Cultura.
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Málaga, Monsalud Bautista, remitió ayer un escrito a la empresa adjudicataria en el que le concede un plazo de siete días para que aporte el proyecto de intervención en los bajos del coso taurino para adaptarlo como mercado gastronómico. También le reclama que le facilite el programa de usos previstos en los diferentes espacios de La Malagueta.
La plaza de toros está considerada bien de interés cultural (BIC), declaración que le somete a una protección especial, de ahí que para cualquier actuación que se lleve a cabo sea preceptivo un informe favorable de la Consejería de Cultura.
La Junta abrió el expediente el pasado 11 de septiembre y ayer remitió el escrito a la concesionaria en el que hace constar que los servicios técnicos han comprobado que se han instalado puestos comerciales en el pasillo interior de la planta baja de la plaza, mientras que en el entorno se han habilitado "terrazas de restauración" con mesas, sillas y parasoles "sin que conste autorización ni conocimiento de esta Administración".
Cultura se dirigió en primer lugar a la Diputación de Málaga, titular del inmueble, para que "emitiera informe sobre dichas actuaciones". La respuesta que obtuvo es que es Coso de Badajoz, empresa adjudicataria de la gestión de la plaza, "la promotora de la actividad conocida como Plaza de Gastronomía".
El 19 de agosto los hosteleros que han alquilado los bares en La Malagueta comunicaron a la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga sus dudas sobre la legalidad del proceso que había dado lugar a la apertura de sus locales y la "viabilidad de nuestra actividad en un edificio BIC ante el total desconocimiento de las limitaciones y restricciones que Patrimonio pueda imponer". Aseguraban que se les habían prometido actuaciones como terrazas interiores que después no se habían podido instalar.
La semana pasada el diputado de Cultura, Víctor González, se reunió con los hosteleros, que amenazan con el cierre inminente si no se articulan medidas que garanticen la viabilidad de sus negocios, y se comprometió a recabar información de todas las partes en conflicto, sin descartar abrir un expediente a la concesionaria.
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