La Junta de Andalucía admite "preocupación" ante la posibilidad de que el decreto de regularización de viviendas en la comunidad, recientemente aprobado y que puede beneficiar a unas 50.000 construcciones en la provincia de Málaga, genere un "efecto llamada" que abra la puerta a nuevas actuaciones irregulares. Ante este escenario, el director general de Ordenación del Territorio de la Administración regional, José María Morente, ha sido claro al anunciar la próxima aprobación de "una panoplia de medidas en materia de disciplina e inspección urbanística" con la que impedir que el fenómeno siga expandiéndose.

"No se legaliza lo que no se puede", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que no se puede hacer una lectura equivocada del decreto. "Se busca la calidad de vida de los ciudadanos que están en esta situación y reducir la afección sobre el medio ambiente, pero por pretender arreglar eso nadie puede pensar que si construye ahora ilegalmente se le va a regularizar por esto de que contamina el medio ambiente”, ha expuesto ante los medios de comunicación minutos antes de participar en una reunión con alcaldes de la provincia de Málaga.

En esta línea, Morente ha sido contundente. "Nos hemos encontrado más de 300.000 viviendas irregulares; no estamos dispuestos a que se siga, es tercermundista", ha afirmado, señalando la intención de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio a anticipar las medidas disciplinarias y de inspección. "Ahora el problema es que la inspección está en los ayuntamientos y los pequeños tienen poca capacidad y un trato muy directo con los ciudadanos; la Junta se va a implicar en la inspección".

Reclama una mayor implicación de los ayuntamientos para actuar contras las construcciones ilegales

Preguntado sobre las estimaciones que maneja la Junta sobre las viviendas que finalmente se regularizarán, ha admitido su desconocimiento, destacando que ello en buena medida va a depender de la "voluntad política de los ayuntamientos". "Vamos a intentar forzar, dentro del respeto de las competencias locales; depende de la voluntad de los ayuntamientos de tirar para adelante, se tienen que implicar; si todos tiramos acabamos con este urbanismo que a nadie le parece de recibo", ha añadido.

En una somera explicación, ha precisado que el decreto no juzga la buena o mala voluntad de los propietarios que ejecutaron las viviendas ilegales, sino que se limita a actuar con elementos objetivos. "La línea de qué se puede o no acoger está en el tipo de suelo; los protegidos no entran en el decreto y no prescriben las infracciones", ha declarado.

Al tiempo, ha defendido que uno de los objetivos del acuerdo de la Junta es el de evitar que esas construcciones sigan siendo elementos contaminantes del medio ambiente. "Son edificaciones que ya no se pueden demoler porque han prescrito los plazos, con lo que se quedan habitadas pero en unas condiciones que hay que controlar", ha expuesto.

Al encuentro, que tiene lugar en el Palacio de la Aduana, sede del Museo de Málaga, y han acudido alcaldes y concejales de unos 50 municipios malagueños. Por parte de la Junta han estado presentes, también, acudido también el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez Istria, y la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, quien ha defendido el mensaje que por medio del decreto se "lanza fuera de nuestras fronteras, a esos inversores que se ven frenados por el galimatías normativo que tenemos en lo urbanístico". Con el decreto se da "seguridad jurídica y certidumbre a las miles de familias que en Andalucía y Málaga estaban con la amenaza de perderlas, de asistir al triste episodio de una demolición".