Reducida a escombros la vivienda que durante la Guerra Civil albergó a más de 500 falangistas y republicanos perseguidos, se abre el debate sobre las razones por las que ninguna institución tomó cartas en el asunto y procedió a proteger el inmueble, bautizado como Villa Maya. La trascendencia del interrogante es mayor tras conocerse que la Junta de Andalucía registró a mediados de 2017 la petición de un vecino de Málaga solicitando la incoación del procedimiento para la inscripción del edificio ahora derruido en el Inventario de Lugares de la Memoria Democrática de Andalucía.

La petición formal correspondió a Félix Álvarez Martín, autor del libro La lista de Smerdou. Los refugiados de Villa Maya. Málaga, 1936-1937. Una obra en la que se relata la gesta de Porfirio Smerdou, cónsul honorario de México en la capital en 1936 y responsable de dar cobijo en su casa, ubicada en la calle República Argentina de Málaga en El Limonar, a cientos de refugiados. La misma fue derribada tras disponer del permiso municipal a finales del año pasado.

En el escrito se aludía a la existencia de "numerosos documentos" a través de los cuales se acreditaba que en la citada villa "se dio asilo a multitud de personas que corrían serio peligro de ser ejecutadas". De manera precisa, se apunta a que fueron 567 las personas acogidas en el inmueble. Consta en el Informe de Seguimiento de las Actuaciones en Materia de Memoria Democrática 2017-2018 que la citada solicitud fue trasladada, junto a otras 36, al comité de trabajo sobre Lugares y Senderos de Memoria Democrática Andalucía, competente a la hora de emitir el informe referido en el plazo de un mes desde que se le curse la petición.

El mismo particular que hace casi dos años dio la voz de alerta sobre la necesidad de velar por la protección de Villa Maya trató también sin éxito el pasado 14 de marzo (según sello de entrada de la Junta), de evitar la demolición de la vivienda. A la par, se realizaron gestiones directas con la Administración regional para reconocer el inmueble como un lugar de la memoria, el pasado mes de enero, por medio de una carta, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, informó al alcalde, Francisco de la Torre, de la amenaza cierta que pesaba sobre ese edificio.

El paso de la edil se dio días después de que el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo tuviese conocimiento de la concesión de la licencia para la demolición de edificaciones existentes y construcción de una vivienda unifamiliar y piscina en el número 19 de la calle República Argentina. Sin más detalle, sin referencia alguna al simbolismo del inmueble afectado.

El asunto fue objeto de debate en la sesión del consejo celebrada ayer. Todos los grupos municipales coincidieron en lamentar el desenlace, aunque no todos coincidieron en poner el foco de la responsabilidad sobre el mismo actor. El concejal del PSOE Sergio Brenes recordó que ya el pasado mes de enero intervino para advertir de las consecuencias de la licencia que se había otorgado y de que era objeto de estudio la posible inclusión de Villa Maya en el listado de Lugares de la Memoria Histórica, "lo que hubiese evitado su desaparición".

"Se nos cae un trozo de nuestra historia", dijo, apostillando: "en cualquier otro lugar de Europa hubiese sido conservada". Brenes apuntó de manera directa al Ayuntamiento. "Es un día bastante negro para el patrimonio de la ciudad", afirmó, incidiendo en la falta de agilidad por parte del Ayuntamiento en este asunto.

Ante la imputación, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, se escudó en que la decisión respecto a la protección del inmueble por razones de memoria histórica no es potestad del Consistorio. "Lo lamento igual que ustedes; es una finca privada con una licencia que se concedió de manera conforme; otra cosa es que la Junta hubiese protegido ese espacio", expuso, insistiendo en que en el plano arquitectónico "no tenía valor".

"Ha habido momentos de 1983, en 1997 y en 2011 y en ninguna de las propuestas estaba la protección de ese edificio", dijo en alusión a los inmuebles que la Junta pidió incluir en el catálogo de protección de los diferentes planes generales de la ciudad. "No se entiende que sea un edificio que ha pasado tan desapercibido, nadie ha prestado atención a ello ni ha intentado protegerlo; se podría haber llevado, se podría haber hablado con el promotor”, añadió. Y se preguntó: “Por qué en 40 años nadie ha propuesto la protección de esa villa”.