Bajo la defensa de la independencia judicial como "único lema", más de un centenar de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procurados y otros operadores jurídicos, como son notarios y operadores jurídicos, se han concentrado este miércoles a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga coincidiendo con el inicio del debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la que ha defendido la amnistía por la "convivencia y el perdón" frente a los "profetas del odio".

El juez decano de Málaga, José María Páez, no ha querido pronunciarse acerca de de la la Proposición de ley orgánica de amnistía presentada este lunes por los socialistas para la normalización institucional, política y social en Cataluña en la Cámara Baja -que supondrá la anulación de los procedimientos judiciales y de las penas derivadas de los hechos producidos en el marco del procés-, pues ha defendido que "hoy no es momento para eso" debido a su postura como representante de un colectivo, ofreciéndose a expresar su opinión personal al respecto en otro contexto. 

El decano de Málaga, José María Páez, atendiendo a los medios de comunicación.

"Esta concentración no significa ir en contra de nada ni manifestarnos sobre ningún tema en concentro", ha reiterado. Si bien, ha destacado que los convocantes de la concentración, todos ellos con cargos institucionales, sí han suscrito el acuerdo de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobado este martes, por unanimidad, en un pleno telemático reunido para "expresar su preocupación ante las recientes iniciativas políticas plasmadas en el contenido del documento suscrito para facilitar la investidura, de enorme trascendencia y repercusión jurídica social".

De esta manera, el máximo órgano judicial de la comunidad se adhiere al comunicado emitido por las asociaciones jurídicas el pasado 9 de noviembre en el que mostraban su "rechazo" a las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias en el el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura."El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", menciona. 

El TSJA, en su acuerdo, también ha indicado que "los jueces actuamos siempre sometidos al imperio de la ley en salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos reconocidos en nuestra constitución" y ha recordado que el principio de separación de poderes "constituye un pilar fundamental en nuestro Estado democrático de Derecho"; del mismo modo, ha destacado que este último extremo se trata de "una de las exigencias básicas en los Estados que forman parte de la Unión Europea, que debe respetarse y preservarse de todas las instituciones públicas".