Juzgan al empresario Cristóbal Peñarroya por intentar apropiarse de una vivienda

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga comenzó ayer el juicio contra el empresario Cristóbal Peñarroya y otras tres personas, acusados de la presunta estafa al propietario de un apartamento en un edificio de Benalmádena, que finalmente fue subastado. Declararon los acusados y el perjudicado; y la vista oral continuará el 13 de marzo con la comparecencia de más testigos, con las conclusiones y con los informes finales.

La Fiscalía pide tres años de prisión y la acusación particular que representa al propietario del apartamento pide cuatro años de cárcel para cada uno de los cuatro procesados, a los que se les acusa de un delito de estafa, tras ponerse de acuerdo para realizar una "maniobra procesal con la intención de apropiarse" de dicho inmueble, al que su dueño iba sólo los meses de julio y agosto, que era cuando pagaba las cuotas de comunidad atrasadas.

Además del empresario, que era presidente de la comunidad de propietarios, están acusados el secretario administrador de ésta, el abogado de la misma y un conserje. Según consta en el escrito inicial de acusación del fiscal los acusados "promovieron que se tomara acuerdo" en una junta de propietarios del año 2000 de interponer demanda contra el perjudicado en reclamación de las cuotas hasta ese momento impagadas.

El proceso siguió y en enero de 2001, al no estar el hombre en su domicilio, el conserje, según las acusaciones, cogió la citación del juzgado y "no realizó ninguna gestión para la localización" de éste, que en ese momento ya había abonado las cuotas impagadas "sin que nadie le pusiera en conocimiento la existencia del procedimiento". Además, la comunidad, a través del presidente, el administrador y el letrado, no informó del pago al juzgado hasta marzo.

La causa continuó por la reclamación de las costas, fijadas en 339,73 euros. Estas notificaciones "nunca llegaron a ser conocidas por el verdadero destinatario de las mismas", dice el fiscal, que precisa que se señaló el apartamento como único bien a embargar, se decretó su embargo y fue subastado, concurriendo a la subasta una empresa propiedad del empresario acusado, aunque finalmente se le adjudicó a otra.

Los acusados negaron los hechos. Así, el empresario, también juzgado por el caso Malaya, dijo que en esa junta de comunidad se acordó actuar contra varios deudores y no sólo contra el querellante, a quien ha dicho no conocer. Señaló que no estaba informado de forma permanente de todos los pleitos y negó que diera orden alguna al conserje para esconder las cartas que llegaran para ese propietario, que "pagaba cuando quería y lo que quería".