Juzgan por vertidos en Fuente Piedra al ex alcalde y al actual regidor

Unos vertidos ilegales en la reserva natural de la Laguna de Fuente Piedra durante siete años sentará en el banquillo de los acusados al ex alcalde del municipio malagueño Cristobal Fernández y al actual regidor Francisco Jesús Hidalgo, ambos del PSOE. El juicio está previsto que se celebre el próximo viernes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga y también serán juzgados dos ex ediles y el consejero delegado de una empresa de envasado de aceitunas. Desde 1998 hasta el 2005, supuestamente una entidad agroalimentaria realizó vertidos contaminantes de forma continuada y reiterada en la Laguna de Fuente Piedra, según consta en el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Además, según las investigaciones, la red de saneamiento municipal tampoco funcionaba de forma adecuada en aquellos momentos. El ministerio público subraya que los vertidos incidieron en la flora y en la fauna de la laguna, debido a que se produjo una carga contaminante, que en algunas zonas superaba los límites establecidos.

El fiscal mantiene que el Ayuntamiento de Fuente de Piedra dio una licencia de forma irregular para la actividad de la empresa, sabiendo la situación y la emisión de vertidos contaminantes, aunque eso fue en 1993, con el anterior alcalde, contra el que no se puede ejercer acciones legales por haber prescrito el delito.

Pese a ello, constan numerosos escritos informando al Ayuntamiento de dicha situación, sin que presuntamente solucionaran el problema el regidor Cristobal Fernández, alcalde desde 1999, y el concejal responsable de saneamiento municipal. El ministerio público considera que ambos procesados tuvieron una actitud omisiva "de forma intencionada" al igual que el que era edil de Turismo y Medio Ambiente, actual regidor, al tener conocimiento de los vertidos y no realizar ninguna actuación.

Al responsable de la entidad agroalimentaria se le acusa de un delito contra el medio ambiente por su incidencia directa en los vertidos y se le pide dos años de cárcel y multa. Al resto de los acusados se les acusa de un delito medioambiental, pero por la falta de actuación contra dicha infracción, es decir, por omisión, y se les pide para cada uno de ellos una pena de inhabilitación por nueve años y 18 meses de prisión.