Málaga inicia una segunda vía dura contra La Casa Invisible. Una vez la línea urbanística está parada y pendiente de dos juicios –uno sobre la cesión del inmueble de propiedad municipal y otro sobre la solicitud de desalojo del Ayuntamiento–, el Consistorio inicia la presión por la vía de Aperturas, la vía de la actividad económica. Una vez certificada hasta en cinco ocasiones en los últimos dos meses que vienen produciéndose actividades de libre concurrencia en el interior del edificio okupado tienen 10 días para cesar su actividad. En caso contrario, decretará su cierre y, de volver a incumplir con este, iniciará la vía penal.

La portavoz del equipo de Gobierno y delegada de Aperturas, Elisa Pérez de Siles, ha sido clara al respecto marcando la ruta a seguir. Una vez se ha dado aviso del cese de actividad, tienen diez días hábiles para alegar, "es difícil que puedan presentar algo porque carecen de licencia". Transcurrida esta fecha, se decretará su cierre. En caso de seguir incumpliendo –como ya han dicho que seguirán haciendo en un comunicado después de presentar la programación de diciembre–, el Ayuntamiento irá a los juzgados por la vía penal. 

Pérez de Siles ha recordado que el inmueble sigue siendo de titularidad municipal y que las actividades, que no cuentan con elementos de seguridad –como el concierto de rock que publicó este periódico– en última instancia "es responsabilidad también del Ayuntamiento si ocurre algo en el edificio". 

Aludía la portavoz a que el Instituto Municipal de la Vivienda y la Gerencia de Urbanismo están trabajando en la reforma del inmueble, que se encuentra apuntalado y con múltiples salas clausuradas, cuyos trabajos son "incompatibles con la actividad en el interior", además, se ha referido a que desde la oposición también comparten la misma línea, haciendo referencia a mociones presentadas en Comisión de Pleno que venían a exigir el cierre y la revisión de los establecimientos que no cumplen con la normativa. 

Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad Ciudadana, subrayaba su preocupación "por los locales en los que se hacen fiestas careciendo no sólo de licencia para ello, sino también de las medidas de seguridad, salidas o medidas anti incendio pertinentes". En este sentido, han recordado que la acción inspectora de la policía no sólo ha notificado que se está incurriendo en actividades de libre concurrencia, sino que también se han evitado otras como la fiesta de Halloween del 27 de octubre. 

La Invisible lanzó, la semana pasada, un comunicado en el que afirmaban que el Ayuntamiento trataba de hacer un "desalojo encubierto" aludiendo a los dos procesos judiciales que están pendientes de resolución. Por los mismos, el relativo al desalojo quedó taponado en pos de que un juzgado dirimiera si, como alega La Fundación de los Comunes, la cesión del edificio debe continuar, en contra de la decisión municipal, que la revocó. 

Estado del edificio 

Que el edificio no es seguro quedó constatado en 2021, cuando un informe emitido por el servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo, tras una inspección realizada el 7 de julio de ese año, advirtió de la necesidad de acometer una rehabilitación integral del mismo. Entonces, el Ayuntamiento justificaba en ese documento la inmediata ejecución del desalojo y que la posesión del edificio revirtiese sobre el Consistorio. 

En este sentido, dicho informe recuerda que “como medida de seguridad, el inmueble se encuentra por clausurado desde el 19 de diciembre de 2014 a las actividades de pública concurrencia hasta que se adopten las medidas de seguridad exigibles”, además, afirma que el inmueble presenta “deficiencias respecto de la conservación y la seguridad, forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incidencias”, además considera “necesario que por la antigüedad del edificio, su estado y el valor arquitectónico y patrimoniales que posee, que no se posponga durante más tiempo la rehabilitación integral de las edificaciones, procediendo a su recuperación definitiva en las debidas condiciones de seguridad y habitabilidad en base a su uso definitivo”.

A tal efecto, continuaba la postura del Consistorio, "ante la necesidad de ejecutar las obras y trabajos necesarios para la rehabilitación integral, adaptación, conservación y mejora del edificio, según preceptúa la legislación aplicable y la preocupación creciente relativa a que con el paso del tiempo pueda ocasionar una circunstancia sobrevenida de mayor deterioro del edifico protegido, con la consecuente inseguridad para las personas que pudieran estar dentro del inmueble por los apuntalamientos parciales y las vías de evacuación del edificio, se estima procedente acometer el necesario impulso administrativo para no dilatar más aun en comienzo en la rehabilitación".