Málaga

Málaga se fija en Madrid para acortar los tiempos en la tramitación de licencias urbanísticas

La Gerencia de Urbanismo encarga una auditoría para agilizar los trámites en Málaga

La Gerencia de Urbanismo encarga una auditoría para agilizar los trámites en Málaga / Javier Albiñana (Málaga)

El Ayuntamiento de Málaga se fija en la gestión de Madrid para acortar los tiempos en la tramitación de las licencias urbanísticas. Carmen Casero, concejala de Urbanismo, continúa con el "reto" que se impuso a principio del mandato, reducir el tapón que hay en la Gerencia y que la burocracia dejase de amontonarse. Para ello, fijándose en la capital y haciendo uso del Decreto de Simplificación aprobado por la Junta de Andalucía la semana pasada se apoyará en los colegios profesionales y en las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU) para que los trámites lleguen "limpios" a la Gerencia y que se trabaje con mucha más velocidad. 

Comienza el Consistorio a modificar así la ordenanza, que llevaba sin sufrir cambios desde 2019, que permitirá adaptarse a esos nuevos cambios, además de a la propia Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que rige en estos momentos en la comunidad autónoma.

El primero de los nuevos cambios dará respaldo al acuerdo marco que se firmó en diciembre con los colegios profesionales (Arquitectos, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, de Ingenieros Industriales y de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales) de manera que puedan revisar y adecuar la documentación a los requisitos de la Gerencia. Esta, que está pendiente de firmar los acuerdos específicos con cada uno de los colegios, ofrecerá a los promotores la gestión gratuita de los mismos, así como el asesoramiento.

Los colegios se ven compensados por el Ayuntamiento, que les da "una subvención, porque tendrán que crear un equipo para estos trámites", ha explicado Casero, que confía en la seguridad que ofrece para los técnicos que el documento llegue de estos entes, lo que no exime la tarea de revisión en la propia Gerencia. 

La mayor novedad en esta nueva ordenanza es la colaboración público privada, que ya se hace en Madrid o Alicante y la que parece la clave de bóveda en el éxito de Madrid en la agilidad de los trámites urbanísticos. Abre la puerta a la creación de las entidades de colaboración urbanística, empresas privadas que contraten los promotores para que gestionen tanto la propia redacción de las licencias como, sobre todo, los informes sectoriales

Casero no ha querido mostrar tiempos ni plazos. Tampoco ha señalado cuánto se podrán reducir los tiempos para la tramitación de licencias, pero ha señalado que en Madrid se hace en "semanas" con este modelo. Sí ha esperado que a final de año esté la modificación de la ordenanza funcionando y ha reconocido que "los tiempos medios son mejorables, si no, no estaríamos haciendo esto, teníamos que adaptar los tiempos a las demandas de los promotores". 

De este modo, el Consistorio se convierte en uno de los primeros Ayuntamientos de Andalucía en adaptar la normativa urbanística a las nuevas posibilidades que recoge el decreto elaborado y aprobado por la Junta de Andalucía. Una vez concluido el plazo de consulta, se elaborará un resumen de las principales aportaciones recibidas en este trámite, el cual posteriormente se incorporará a la memoria o informe justificativo de la modificación de la norma en cuestión. 

El sistema que va a establecer esta ordenanza será coherente con el ordenamiento jurídico europeo, estatal y autonómico, y conforme con el principio de seguridad jurídica que debe regir toda actividad normativa relativo a los principios de buena regulación, ya que va a constituir el marco jurídico de referencia de la regulación municipal de las licencias urbanísticas y declaraciones responsables.

Dicho sistema ofrecerá un único marco jurídico en el que se conjugue de forma clara y eficaz el principio de simplificación administrativa y el principio de seguridad jurídica, en beneficio del desarrollo de la economía y de la debida protección a la seguridad, el medioambiente, la protección del patrimonio histórico artístico y demás bienes jurídicos a proteger.

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