Apenas ocho meses de tranquilidad. La operación impulsada ayer en Casares rompe la calma que se venía viviendo en la provincia desde que a finales de septiembre del pasado ejercicio fue detenido el que fuera alcalde de Ronda Antonio María Marín Lara en el marco de la operación Acinipo, la enésima contra la corrupción urbanística en territorio malagueño. Pero Casares, ahora, y Ronda, antes, no son más que dos trazos en la extensa sombra de duda e ilegalidad que pesa sobre la provincia. El 13 de octubre de 2005, el entonces alcalde de Manilva, Pedro Tirado, fue detenido por el presunto cobro de sobornos relacionado con el negocio del ladrillo; el 29 de marzo de 2006 estalló el denominado caso Malaya, que condujo al banquillo a 95 personas, presuntamente vinculadas con una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella; menos de un año después, el 17 de enero de 2007, la acción se trasladó a Alhaurín el Grande, también con el arresto del aún alcalde Juan Martín Serón. La siguiente pieza en el puzle fue Estepona. El 17 de junio de 2008 el alcalde de la localidad, Antonio Barrientos, fue detenido en la operación Astapa, en la que hay 99 imputados y que aún se encuentra en fase de instrucción. El 26 de febrero de 2009 la sombra de la corrupción salta al interior de la provincia, en concreto al pueblo de Alcaucín. Allí, su alcalde José Manuel Martín Alba fue arrestado, al tiempo que encontraron bajo un colchón 160.000 euros. En octubre de 2009 el detenido fue Cristóbal Torreblanca, alcalde de Almogía, y en julio de 2010, el alcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva. El último episodio, antes de Casares, fue Ronda.