El Ayuntamiento de Málaga allana el camino para hacer posible la construcción del hotel de 150 metros de altura en los suelos portuarios del dique de Levante. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este viernes de manera provisional a la modificación urbanística necesaria para hacer posible este proyecto, impulsado en primera instancia por la Autoridad Portuaria pero que será desarrollado por un fondo de inversión catarí.

El visto bueno, no obstante, sigue incluyendo ciertos condicionantes que tendrán que ser subsanados por el Puerto, tal y como ha dado a conocer el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López. Entre la nueva documentación que habrá de aportar el ente presidido por Carlos Rubio están los informes de Aviación Civil y de Fomento, si bien se espera que ambos sean favorables. A esto habrá de sumar ciertas correcciones de carácter menor, según el edil.

Con este paso adelante, el proyecto hotelero sigue avanzando en un procedimiento administrativo casi eterno y cuyo arranque se sitúa hace más de cuatro años, cuando se falló el concurso de concesión de los terrenos sobre los que se plantea el inmueble. Sin embargo, la iniciativa tiene que enfrentarse aún a la criba final. 

La previsión es, según López, que el Pleno pueda ratificar la aprobación definitiva del ajuste urbanístico en enero o a más tardar en febrero. No obstante, la publicación de ese acuerdo queda condicionado a que finalmente el Consejo de Ministros dé por bueno el uso hotelero planteado para el suelo del dique de Levante.

En caso favorable, los promotores de la actuación tendrán el camino despejado para ir adelante con la operación. Por el contrario, si el pronunciamiento fuese negativo, el hotel de 150 metros quedaría en aguas de borrajas. En este punto cabe recordar la posición que desde hace años vienen manteniendo Izquierda Unida y Podemos en contra de esta iniciativa empresarial. Y ello puede resultar clave, por cuanto ambas formaciones tiene un papel clave en el Gobierno central.  

Vista de la parcela sobre la que se proyecta el hotel de 150 metros.

El concejal de Ordenación del Territorio ha aclarado en su intervención que con la aprobación provisional se aceptan total o parcialmente algunas de las alegaciones que fueron formuladas en su día a la modificación del planeamiento. Entre ellas, aunque sin profundizar en las mismas, ha aludido a algunas relacionadas con la justificación dada por el Puerto para defender el interés general del uso hotelero planteado o con las referencias visuales de la torre, objeto de controversia desde hace años.

La adecuación del planeamiento trae consigo una variación más que significativa en el esquema urbanístico del recinto portuario. Porque para hacer posible el hotel es necesario elevar de manera considerable el índice de edificabilidad que actualmente tiene asignado este espacio. En concreto, el índice correspondiente al uso portuario-ciudadano pasará de 0,5 a 0,68.

Solo de ese modo es posible dar encaje a los 45.000 metros de techo máximo que se autorizan para el complejo hotelero, que contará también con usos comerciales y espacio de congresos. Para tomar en consideración lo que implica esta adecuación hay que señalar que el suelo sobre el que se plantea este desarrollo tiene asignada una edificabilidad de apenas 6.000 metros de techo en este momento, siete veces menos.

Según los documentos manejados por el Puerto, el tope contemplado en el planeamiento vigente para construir sobre rasante en la zona portuaria-ciudadana es de 81.177 metros de techo (resultado de aplicar un índice de edificabilidad de 0,50 a una superficie total de 162.354,95 metros cuadrados). De ellos, se precisaba, "las superficies construidas o pendientes de construir" alcanzan los 62.688 metros cuadrados (20.788,12 metros zona muelle 1 y 2 y esquina 1-2; 30.900 metros Muelle Heredia, y 11.000 metros en la plataforma de San Andrés).

Tomando como base los parámetros marcados en el plan del Puerto vigente, el techo que quedaría por desarrollar en todo el recinto sería de unos 18.500 metros cuadrados, muy lejos de los 45.000 que se reclaman para hacer posible el complejo del dique de Levante.