El Ayuntamiento de Málaga ha solicitado una prórroga, hasta final de 2024, para ejecutar el contrato de implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) ante la contaminación de la movilidad urbana, petición que justifica por la falta de suministros ante la gran demanda de las ciudades obligadas a crearlas.

Otro consistorio, el de Palma, acaba de pedir al Gobierno ampliar el plazo de implantación de la ZBE del centro de su ciudad también hasta el 31 de diciembre de 2024, ante la imposibilidad de cumplir la obligación de hacerlo este año.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética estableció que los municipios de más de 50.000 habitantes (148 en toda España), los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 habitantes que superen los límites de contaminantes relacionados con la calidad del aire deben adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible con medidas para recudir las emisiones del transporte y la movilidad en general, incluidas las ZBE.

Fuentes municipales han informado este jueves a EFE de que el consistorio de la capital malagueña incluyó en su Plan de movilidad urbana sostenible, aprobado en junio de 2021, la necesidad de crear las ZBE y consideran que se cumple con la previsión de la ley al aprobar antes de 2023 ese plan, que incluye medidas para reducir las emisiones.

El Ayuntamiento adjudicó el contrato para la implantación de las ZBE el pasado 7 de octubre y está ejecutado al 80 por ciento, aseguran.

La concejala de Movilidad firmó el pasado 18 de septiembre una solicitud de modificación de plazo de ejecución de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque previsiblemente estará en funcionamiento sin necesidad de agotar ese plazo.

Tal modificación está prevista en el artículo 21 de las bases reguladoras, que determinan que "puede autorizarse si se dan circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las medidas técnicas y de planificación mínimas".

El ayuntamiento explica que la solicitud de prórroga obedece a que, "debido a la situación actual de suministro de materiales, y ante la gran demanda de todas las ciudades obligadas a implementar la ZBE, existe un retraso en la recepción de componentes principales que integran la iluminación de las cámaras para la lectura de matrículas".

Ello conlleva además "el retraso en las pruebas y ensayos pertinentes de la plataforma de software desarrollada y que gestionará la ZBE".

A eso se suma que los trabajos de obra civil previstos se han visto alterados -según explican- por "la necesidad de modificar y ampliar las instalaciones previamente existentes, cuyo uso y mejora son necesarios para la correcta implementación de las nuevas instalaciones de elementos de control de acceso y comunicación con el centro de procesamiento de datos".

Además, el desarrollo de los ficheros definitivos de datos necesarios de otros organismos, como la Dirección General de Tráfico, ha supuesto también un retraso en el desarrollo del software, ya que para diseñar la plataforma es necesario disponer de ellos.

El ayuntamiento ultima la normativa que regulará la zona de bajas emisiones y, de forma inminente, abrirá el periodo de participación ciudadana en su contenido.

La vicepresidenta tercera en funciones del Gobierno, Teresa Ribera, tildó esta semana de "ataque a la salud" la moratoria de otro Ayuntamiento, el de Badalona (Barcelona), sobre su zona de bajas emisiones y avisó de que es posible que el Ejecutivo le reclame los dos millones de euros que transfirió a ese consistorio para el proyecto.