El mismo día en que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una inversión de 12,5 millones de euros en la impartición de 125 cursos a colectivos vulnerables de la ciudad, también ha acordado rechazar su participación en los últimos tres planes de empleo tramitados por la Junta de Andalucía y mediante los que se preveía la contratación de 661 personas.

La decisión, dada a conocer por el alcalde, Francisco de la Torre, se produce debido al temor que genera la posibilidad de que todos los beneficiarios de estos programas le reclamen al Consistorio que la compensación económica por su trabajo se realice conforme al convenio laboral municipal, que fija unas contraprestaciones muy superiores a lo manejado en el plan autonómico. Ello, según las estimaciones realizadas por el equipo de gobierno del PP, podría suponer un quebrando económico de hasta 9,5 millones de euros.

Imagen de archivo de uno de los operarios contratados con los planes de la Junta.

Para justificar este paso atrás, con el que ya ha amagado el Ejecutivo local en las últimas anualidades, se aduce la emisión de sendos informes por parte de la Intervención General, la Asesoría Jurídica y el área de Recursos Humanos advirtiendo de "los posibles perjuicios y el quebranto económico que supondría para la hacienda municipal el hecho de seguir adelante con el desarrollo de dichos planes". De hecho, el propio Pleno municipal aprobó a finales de 2016 una petición a la Junta para que flexibilizase las condiciones.

No obstante, según ha señalado De la Torre, la posición del Ayuntamiento es la de adoptar un nuevo acuerdo de participación en el supuesto de que la Junta acepte una variación en las condiciones de los mencionados planes. Y ello en el sentido de permitir una adecuación del horario de los beneficiarios, de manera que pudiesen percibir la cantidad fijada pero por menos horas de trabajo.

La advertencia del equipo de gobierno toma como base la experiencia que ya tienen de los programas de 2016 y 2017, que concluyeron con la presentación de hasta 300 reclamaciones judiciales por parte de beneficiarios que exigen más dinero al Ayuntamiento por su trabajo. Las primeras sentencias conocidas hasta el momento son negativas a los intereses municipales. Según De la Torre, el perjuicio que puede generar a las arcas municipales estas demandas, en el supuesto de que todas fuesen favorables a los demandantes, rondará los 3 millones.

Dos de estas sentencias son de fecha reciente y ambas son contrarias al Consistorio. Una de ellas, fechada el 21 de noviembre se corresponde con un trabajador contratado dentro del plan emple@ 30+, entre julio de 2017 y julio de 2018, ostentando la categoría de economista. El importe fijado en el plan ronda los 20.400 euros brutos, mientras que el convenio municipal eleva la suma por esta misma labor a 34.786 euros. Finalmente, el Juzgado de lo Social número 9 estima la demanda contra el Ayuntamiento, condenandolo al abono de 16.938,48 euros más el 10% por mora. Este mismo juzgado, dictó otra sentencia, el 31 de octubre pasado, a favor de un reclamante, sociólogo, condenando al Ayuntamiento al pago de 19.798 euros más el 10% por mora.

Cuestionado por la coincidencia de estos dos acuerdos en el plano de empleo y por el posible interés del Ayuntamiento de primar cursos de formación a través del Imfe en lugar de por una iniciativa que sí genera empleo, el alcalde fue contundente: "Lo otro (en referencia a los planes de la Junta) es dar el pescado y Aquileo (nombre del programa de formación) es enseñar a pescar; lo otro es pan para hoy y hambre para mañana". Asimismo, ha rechazado que tal y como está configurado el plan autonómico pueda restar dinero municipal que se puede emplear en otros programas.

El Proyecto Aquileo, que beneficiará a 1.875 alumnos, dispone de una aportación económica de unos 12,5 millones de euros, de los cuales casi 10 millones proceden de una subvención otorgada por el Fondo Social Europeo. A esta suma hay que añadir otros 2,5 millones que aportará el Consistorio.

Este plan incluye el pago de becas de 13,45 euros diarios a los beneficiarios. El mismo se dirige principalmente a colectivos más vulnerables desde el punto de vista laboral, caso de personas con discapacidad, mayores de 45 años, jóvenes, inmigrantes, mujeres, personas sin hogar, minorías étnicas o familias monoparentales. El desarrollo del proyecto supondrá la creación de 22 puestos de trabajo, que serán profesionales que integren el equipo, que incluirá técnicos de formación, de prospección laboral, de inserción, de coordinación y de dinamización.