El estado de convulsión en el que de manera casi permanente se encuentra instalada la empresa de limpieza Limasa queda de nuevo patente. La incapacidad del comité de empresa y del Ayuntamiento de Málaga para acercar posturas en las condiciones económicas que deberán regir las relaciones laborales en la nueva sociedad, que el alcalde, Francisco de la Torre, pretende que sea enteramente municipal, empieza a encender nuevamente los ánimos de la plantilla. O al menos de sus representantes legales.

Tras rechazar de manera tajante la propuesta de convenio que puso sobre la mesa el pasado lunes el equipo de gobierno del PP, el presidente del comité, Manuel Belmonte, es claro al insistir en que se actuará con el fin de defender los intereses de la plantilla. "Vamos a intentar por todos los medios seguir negociando, aun teniendo cinco sentencias a favor nuestra y una que es firme", ha explicado, al tiempo que ha sentenciado: "tenemos unos derechos y los vamos a defender a muerte".

"Todo dentro de la legalidad y conforme a la Constitución; por eso les decimos a los trabajadores que si tenemos que hacer alguna concentración o manifestación en tiempo y forma por qué no; si todos los colectivos se echan a la calle para reclamar sus reivindicaciones", ha insistido.

De lo que huye en este momento es de la palabra huelga. "Esa palabra no ha salido de la boca de ningún trabajador ni miembro del comité; a ver si nos queda claro", ha aseverado, subrayando que en el comunicado interno remitido por el comité a la plantilla, en la que se informó de su oposición a las condiciones planteadas por el Ayuntamiento, en ningún momento se aludía a ello. "En defensa de nuestros derechos legalmente iremos a donde tengamos que ir, y eso en función de la actuación del Ayuntamiento y la empresa", ha aclarado.

Para Belmonte, el convenio diseñado por el Ejecutivo local, que tendría un periodo de cinco años, es una oferta "infumable", dado que incorpora parte de las cantidades que, según los tribunales, deben percibir los operarios en concepto de atrasos, dentro de la denominada paga de productividad.

Este es uno de los puntos de fricción clave. Para los trabajadores, 1.693 euros de los 2.500 que el Ayuntamiento fija a productividad ya les corresponden por las sentencias emitidas, con lo que discrepan de que su cobro sea variable. Por su parte, el Ayuntamiento quiere que de esos 2.500 euros un 60%, 1.500 euros, se relacione al absentismo (rebajándose el aporte en función de las faltas) y otro 40%, 1.000 euros, a "eficiencia y calidad" en el desempeño del trabajo.

"No había llegado a mi casa por la tarde y ya habían mandado su propuesta a todos los trabajadores; hay una mala fe total y completa"

El presidente del comité ha criticado la actitud del equipo de gobierno de, tras la reunión del lunes, "ir a los cuartelillos". "No había llegado a mi casa por la tarde y ya habían mandado su propuesta a todos los trabajadores; hay una mala fe total y completa", ha abundado. De hecho, la propia Porras admite estar realizando una labor de información a los trabajadores. A modo de argumento fuerza, sostiene la existencia de un fallo judicial firme que concluye que la empresa tiene que reponer a la plantilla "lo que nos quitaron y eso no se puede variar porque sería vulnerar el estatuto de los trabajadores; sería una locura".

Preguntado por la posibilidad de que el proceso de municipalización pueda verse frenado por las diferencias actuales, ha insistido en desvincular ambos asuntos. "No tiene nada que ver lo que estamos hablando del convenio con la municipalización; hemos demostrado que hay un ahorro brutal anualmente", ha dicho, añadiendo que se debe "mucho dinero" a los trabajadores.

"No puede ser que para empezar de cero se olvide todo el pasado y más cuando hay una sentencia firme que dice que se nos tiene que reponer lo que venía en el convenio 2010-2012; no tiene que ver una cosa con la otra, que lo quiere mezclar (en alusión al alcalde); que haga lo que estime oportuno", ha apuntado.

Mientras el Ayuntamiento habla de un convenio hasta 2023, el comité reduce la fecha a 2022; la subida salarial planteada por el Consistorio es de un 2,25%, frente al IPC acumulado entre 2012 y 2018 de los trabajadores, que hablan de un 3,1% para 2019. En el reparto de vacaciones también discrepan, ya que el Ayuntamiento propone 15 días entre junio y septiembre y 21 de octubre a mayo; el comité aceptan una parte fuera del periodo de verano pero a cambio de tener más días o dinero.

Asimismo, el Ayuntamiento habla de ampliar a jornada completa a un centenar de trabajadores que ahora solo trabajan los fines de semana y festivos. El comité, por su parte, quiere que se amplíe a jornada completa a un total de 150 operarios para que se cubran todos los servicios.