Martín Serón deriva la responsabilidad urbanística a los técnicos municipales

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), acusado en el caso Troya de cobrar sobornos urbanísticos, dirigió ayer su estrategia de defensa en tres frentes: las licencias de obras se concedían porque los técnicos municipales las ponían a la firma sin reparos, las competencias urbanísticas no eran suyas, sino del concejal Gregorio Guerra, y en sus cuentas entraba dinero en metálico porque en la asesoría de su esposa se mueven muchos fondos en efectivo.

La Fiscalía sostiene que el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, estaba al frente de una trama que entre 2002 y 2006 cobró 782.000 euros a promotores a cambio de permitirles edificar fuera del planeamiento. Afirma también que de esta cantidad, 238.000 euros fueron para el alcalde por permitir esos supuestos tejemanejes oscuros.

Frente a este planteamiento del Ministerio Público, Martín Serón explicó ante el tribunal que desde 2002, o sea desde que presumiblemente comenzó a operar la trama, tiene las competencias de urbanismo delegadas en Gregorio Guerra, lo que no significa que se desentendiera de este asunto. Dijo que en Alhaurín el Grande las licencias de obras se firman sin comprobar el contenido de los informes técnicos. "No debemos entrar en eso", "nosotros somos políticos y estamos para tomar decisiones", incluso "podemos ser analfabetos" y agregó que él no es "técnico, arquitecto ni abogado, soy economista y malo y no me puedo pronunciar si [una licencia] es legal o no". Por tanto, se limitaban a autorizar los decretos que preparaban los funcionarios. Si existía algún reparo los técnicos les informaban "verbalmente" antes y no se firmaban.

No obstante, la Fiscalía expresa en su escrito de acusación que las licencias sospechosas habían sido informadas "negativamente por el arquitecto municipal", si bien después eran informadas "siempre a favor" por el asesor jurídico, el acusado Juan Burgos.

Cuando el fiscal Juan Calvo-Rubio pisó el acelerador durante la vista oral y exhibió una licencia en cuyo expediente se hacía constar que excedía la altura y edificabilidad permitida, el alcalde respondió que los técnicos no habían hecho constar expresamente en el decreto puesto a la firma que fuese ilegal.

Juan Martín Serón también aclaró ayer en Alhaurín el Grande se aplicaba entre 2002 y 2006 el plan general de ordenación urbana de 1994. El equipo de gobierno no dudaba de su eficacia porque todavía no había descubierto que falta un trámite esencial: su publicación.

En relación con las sospechas de que percibía cohechos de los promotores vía Gregorio Guerra, Juan Martín Serón argumentó ayer ante el tribunal de la Sección Octava que si en sus cuentas figuran ingresos en metálico es simplemente porque los ingresos profesionales de su esposa y los suyos están "mezclados" y en la asesoría de su mujer muchos clientes que explotan pequeños comercios o se dedican a la venta ambulante depositan efectivo para hacer frente a provisiones de fondos o pagar impuestos, entre otros conceptos.

Este, de acuerdo con su declaración, era el origen de los 64.000 euros en metálico que la Policía halló en una de las viviendas del alcalde de Alhaurín. Respecto al registro de esta casa sugirió que se había realizado sin orden judicial previa.

A preguntas del fiscal precisó que los gastos familiares del día a día se afrontaban con dinero en efectivo, al tiempo que criticó el informe económico de la Policía porque no tiene en cuenta los saldos remanentes, o sea, la diferencia entre los ingresos y gastos anuales. En este sentido precisó que en esos años la familia ahorró "más de 200.000 euros", de ahí que pudiera hacer inversiones inmobiliarias que los investigadores relacionan con los sobornos.

Los investigadores también encontraron en "su despacho oficial en el Ayuntamiento", según el escrito del fiscal, 7.000 euros en efectivo. Martín Serón precisó que ese dinero procedía de la asignación mensual que recibe el grupo municipal, que había sido depositada allí por el secretario de la alcaldía, quien los había recibido de la concejala de turismo y que tenían como destino atender gastos de promoción en Fitur. Si los 7.000 euros estaban en billetes de 500 era lisa y llanamente porque así abultaban menos.

El juicio continuará el 6 de septiembre con la declaración del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.

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