Zohra El Khaouch y Ahmed Chaoui Ben Fatna, un matrimonio de origen marroquí, lleva viviendo once años en el 9 de la calle Montalbán. Una vivienda en la que han visto la luz sus tres hijos (de diez, ocho y tres años). “Aquí tenemos todo, el colegio y la guardería de los niños al lado”, manifiesta la madre mientras el mediano de sus pequeños insiste en que no quiere abandonar su escuela y la mayor añade que “es difícil hacer amigos nuevos”.

Él, albañil y ella, limpiadora de casas, no tienen empleos estables. Situación por la que denuncian la medida adoptada por la empresa propietaria de los inmuebles, Vitrubio, que les insta a abandonar su casa el próximo 1 de marzo. 

“Pero, ¿dónde vamos en un mes con tres niños. Dónde buscamos una casa tan rápido?”, expresa -desesperada- Zohra. Cuenta que el día anterior llamó a dos pisos interesada en su alquiler, cuyos costes eran de unos 650 euros más gastos aparte. “Nosotros no podemos permitirnos eso”, expresa la mujer, al tiempo que compara este precio con su actual arrendamiento, en el que paga 300 euros, (solo con luz aparte). “Yo no sé qué hacer”, lamenta. Por su parte, Ahmed pide soluciones: “Que nos busquen algo y no echen a la gente a la calle”, apunta.

Esta es una de las cuatro familias que han recibido el burofax que comunica el desalojo y, aunque sus alquileres no son de renta antigua, llevan hasta 30 años viviendo en esa zona y renovando sus contratos han periódicamente.

Muchos no han recibido aún la notificación, pero ya la esperan y auguran las consecuencias. Fatna Tahití, acompañada de su hijo -que la ayuda a comunicarse en español-, cuenta que lleva viviendo en su piso, ubicado en el número 8 de calle Malpica, desde 2009 –desde 2005 lo hacía en otra vivienda del mismo bloque– y que “no hay derecho” a que se tomen este tipo de medidas. Esperanzada en encontrar una solución, relata que solo su marido trabaja. “Él paga todo: el alquiler, la comida, el coche y se hace cargo del niño y de mí”, manifiesta. Motivo por el que, asegura, no pueden pagar una vivienda de 900 euros frente a los 300 que abonan en la actualidad.

Mauna, vecina de Fatna , añade que, además, “es imposible encontrar un piso en Málaga” en el período que les conceden debido a los altos arrendamientos de la capital malagueña.

Entre los 50 vecinos que viven en estos inmuebles, hay unos quince que sí son de renta antigua y con los que la promotora está obligada a llegar a un acuerdo para que abandonen sus viviendas. Este es el caso de Pedro Córdoba. Con 23 años de trayectoria en su pequeño negocio de alimentación de la calle Montalbán, este malagueño de 65 años señala que no se va a ir “con las manos vacías”. Aunque ninguno de los que tiene este tipo de contrato  –anterior a mayo de 1985– ha recibido aún la carta, Córdoba confiesa tener miedo de quedarse sin su local y sin recibir una indemnización.

No obstante, otros ciudadanos como Antonio Tomé, propietario de Larios Rental, una empresa situada en el 12 de la calle Malpica y especializada en el alquiler de coches, asegura que la notificación no le ha llegado “por sorpresa”. Antonio, que ha recibido dos cartas –una hace una semana y otra anteayer–, se encuentra tranquilo porque “lo tenía asumido”. Sin embargo, asegura entender la problemática de quienes habitan las viviendas de la zona: “Son gente necesitada y aquí los alquileres son más baratos”, apunta.

 Aunque el final del plazo para el desalojo está fechado el 1 de marzo, este hombre cuenta que ayer llamó a la inmobiliaria y le confirmó que no iban a ser “tan tajantes”, sino que serían “flexibles” si alguien necesitaba más tiempo.