Los socios del Metro advierten de que se defenderán si se incumplen los plazos

Negro sobre blanco, la posición de los socios privados del Metro de Málaga sobre el más que previsible retraso en los plazos para llegar a La Malagueta, sale a la luz. El Consejo de Administración de la concesionaria Metro Málaga acordó ayer por unanimidad de los actores privados, con la abstención de los dos representantes de la Junta de Andalucía, una resolución en la que advierte de que "velará por la defensa de sus intereses y derechos" en caso de que se incumplan los compromisos pactados con la Administración regional en 2010 y que fija la llegada de los trenes a este punto en diciembre de 2014, con el fin de desarrollar la gestión integral del ferrocarril urbano en 2015.

Un calendario inviable si se acomete la pieza final del recorrido bajo tierra, no sólo por las dudas existentes sobre si hay o no dinero para pagar los trabajos, sino también por los 45 meses que se prolongaría la ejecución del tajo bajo tierra, frente a los 18 meses de optar por hacerlo en superficie.

El mensaje viene a avalar los argumentos empleados hasta la fecha por la Consejería de Fomento, que viene alertando de la necesidad de garantizar la culminación de la infraestructura en los plazos acordados con las empresas privadas para evitar una posible reclamación económica multimillonaria. La referencia que se toma como ejemplo es lo sucedido en Sevilla, donde las firmas responsables de la explotación demandan en los tribunales a la Administración regional más de 145 millones de euros por poco menos de dos años de retraso en la puesta en servicio del Metro.

Al tiempo, corrigen los argumentos empleados semanas atrás por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que vendió que todos y cada uno de los socios privados renunciarían a una posible compensación económica a cambio de que se les ampliase el periodo de concesión. Lo ahora comunicado por la concesionaria refuta lo dicho por el regidor, ya que no se renuncia en ningún caso a esa exigencia.

Bien es cierto que en el escrito remitido ayer por la sociedad concesionaria, reflejo del acuerdo propuesto por FCC, como socio mayoritario, no alude en ningún momento a la decisión de acudir a los tribunales en caso de que se alteren los plazos marcados, pero tampoco lo elude de forma categórica. Incluso, apostilla textualmente: "Ante las incertidumbres sobre la construcción y puesta en servicio del último tramo de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, Metro Málaga actuará sin renunciar nunca a los legítimos intereses y derechos de los accionistas".

Si este mensaje puede entenderse como la cruz de la moneda, la cara lo representa la alusión que hacen las adjudicatarias a la posibilidad de abrir un escenario de diálogo, reafirmando su intención de "buscar, junto a la Administración concedente, todas las fórmulas y vías contempladas en el contrato de concesión que garanticen una solución válida para todas las partes sin alterar el equilibrio económico del proyecto".

Pero, ¿cuáles son las vías? Y ¿qué supone ese equilibrio económico? He aquí el quid de la cuestión, porque sea cual sea la salida, la misma se traduce en aportes económicos que habrán de satisfacer las administraciones públicas vinculadas al proyecto. Una de las soluciones que estaría encima de la mesa, como apuntó el alcalde tiempo atrás, pasaría por ampliar los años de gestión del Metro, actualmente fijados en 30 años desde la puesta en servicio total de la concesión. "Pero eso supone más dinero", apuntaron ayer fuentes próximas a la Administración regional.

Otras opciones, en el marco del reequilibrio económico-financiero de las cuentas de la concesión, apuntan directamente a ajustes al alza de la tarifa técnica y, por ende, de los costes de explotación del ferrocarril urbano. Hay que recordar que las estimaciones realizadas meses atrás por la Consejería de Fomento cifraban en 47 millones la aportación anual desde la puesta en servicio del Metro (a pagar en un 75% por la Junta y en un 25% por el Ayuntamiento).

A esta cuantía habría que sumar otros 10 millones por cada año en que los trenes retrasen su llegada a La Malagueta, fijada para 2015, a pagar en el mismo porcentaje que el resto de la participación. Incluso, las fuentes consultadas admitieron que en el actual escenario es posible que estos números tengan que ser variados al alza.