Movilizaciones de las escuelas concertadas por el "trato discriminatorio" de la Junta

Las escuelas católicas de la provincia de Málaga han iniciado una serie de movilizaciones ante "los posibles recortes" en el conjunto de Andalucía. Los directores de los centros concertados de Málaga acordaron el pasado miércoles en asamblea un calendario de medidas que abarca a toda la comunidad educativa, desde profesores y demás trabajadores a padres y alumnos, "como protesta por la intención de la Consejería de Educación de la Junta de cerrar unidades de educación concertada que cuentan con demanda social".

El 18 de febrero han preparado una concentración en la Plaza de la Constitución de los centros de la provincia y el 1 de abril una gran manifestación de todos los centros concertados andaluces en Sevilla, "dirigida contra la presidenta de la Junta de Andalucía, que es quien en última instancia consiente la vulneración del derecho de la libertad de elección de centros y quien manda al paro a muchos profesionales de la concertada", explicaron en un comunicado desde la organización Escuelas Católicas de Málaga (EC).

Francisco Luis Martínez Villar, presidente de la organización, aseguró que toda la educación "concertada se siente dolida por el trato discriminatorio que continuamente viene sufriendo por parte de la administración educativa". Por lo que de llevarse a cabo la amenaza de recortes, toda la comunidad educativa saldrá a la calle para manifestarse, "con el fin de que la sociedad malagueña conozca nuestras legítimas demandas". "Lo que defendemos no es ningún privilegio, sino la defensa de un derecho, como es el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución española. Los padres tienen derecho a elegir el centro que consideren más adecuado, fundamentalmente debido a su ideario y calidad educativa para la formación y educación de sus hijos", concretó.

Martínez matizó que provincias como Cádiz, Jaén, Granada o Córdoba podrían verse afectadas en mayor medida y quiso dejar claro que las acciones de protesta planteadas "no son un ataque contra los profesionales de los centros públicos, a los que se respeta y valora, como compañeros, por la labor llevada a cabo, muchas veces en situaciones difíciles". "Nuestra protesta va contra la presidenta de la Junta y la consejera de Educación, porque estamos en contra del cierre de unidades, y creemos que los datos demoledores del informe PISA no debemos afrontarlos mediante el cierre de unidades con demanda", subrayó. Otras de las medidas que plantean son la lectura de manifiestos en los centros y la entrega en la delegación de Educación de Málaga de las firmas recogidas en apoyo de la educación concertada.