Muelle Uno ha pasado de ser uno de los grandes proyectos emblema de la operación de apertura del puerto de Málaga a la ciudad a convertirse en una carga económica de dimensiones considerables. Un informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado sobre las cuentas anuales de 2013 del Puerto elevaba a poco más de 4,9 millones de euros la deuda que los promotores del centro comercial mantenían con la institución pública a finales del pasado mes de junio.

La suma se vio posteriormente adelgazada tras el abono por parte de las empresas de unos 1,5 millones, la mayor parte correspondiente al pago del consumo eléctrico no satisfecho desde varios ejercicios atrás. Con todo, según fuentes consultadas por este periódico, a día de hoy los números rojos de Muelle Uno-Puerto de Málaga, integrada mayoritariamente por Acinipo (29,28%), Myramar y Edipsa (que suman otro 60%), puede estar rondando los 4 millones, dado que con el paso de los meses sin que se alcance un acuerdo para fijar un calendario de pagos se agregan los intereses de demora y otros conceptos.

Es la primera ocasión en la que, mediante documentos oficiales, se conoce esta información, toda vez que los responsables de la Autoridad Portuaria se han amparado de manera continuada en la Ley de Protección de Datos para eludir el detalle de la cuantía. El documento, al que tuvo acceso este periódico, no deja lugar a la duda, al punto de señalar que la memoria económica del Puerto "no contiene información relativa a la deuda acumulada por uno de los concesionarios por precios públicos y privados, que dejó de abonar desde abril de 2013". Ese concesionario, precisaron varias fuentes, es Muelle Uno. "A diciembre de 2013, la deuda acumulada era de 3.434.527,58 euros, lo que representaba el 51,46% del total de la partida de clientes; esta cifra ha aumentado a la fecha del presente informe hasta los 4.902.271,41 euros", precisa el escrito de la Intervención General del Estado. Y se añade en la auditoría que la "omisión" de esta información en la memoria "afecta a una adecuada interpretación y comprensión de las cuentas anuales de la entidad".

Respecto a estos datos, este periódico se puso en contacto con el presidente del Puerto, Paulino Plata, que se limitó a indicar que las empresas "hasta ahora están cumpliendo" con los acuerdos adoptados por el Consejo de la Autoridad Portuaria. Al tiempo, dijo que se continúa trabajando para "que se sigan cumpliendo los compromisos". Desde Muelle Uno no hubo reacción a esta información.

La gravedad de la deuda no radica sólo en la cuantía de la misma, sino en las consecuencias jurídicas que puede tener para la continuidad del proyecto. El propio pliego de condiciones que rigió el concurso público que sirvió de base para la adjudicación en julio de 2005 de la construcción y explotación del centro comercial, incluye la posibilidad de caducar la concesión si hubiese un "impago de las tasas durante un plazo superior a un año". La posición del Puerto, hasta la fecha, ha sido la de rehusar acción alguna contra los promotores.

Una línea que se ha cruzado de manera más que evidente, ya que la suma económica se corresponde con las obligaciones económicas que tiene asumidas Muelle Uno por algo más de tres años. Ello si se toma como punto de referencia la deuda a finales de junio, según la auditoría. Si se opta por utilizar como elemento de comparación la más reciente en el tiempo, la aportación sin satisfacer es la de más de dos años y medio. Las cuentas del Puerto recogen de manera pormenorizada los ingresos que corresponden a Muelle Uno. En el caso de la tasa de ocupación, ascendente a 1.108.473 euros, a los que añadir otros 346.189 euros por otros importes adicionales.

Del montante global acumulado a mediados de año, Muelle Uno satisfizo un primer pago de 1,2 millones de euros correspondientes al consumo eléctrico acumulado desde que arrancase la iniciativa. Lo hizo, bien es cierto, justo el día en que se cumplía el plazo dado por el Consejo de la Autoridad Portuaria para que aportase esta cuantía. El mantenimiento de una suma importante de dinero a pagar al Puerto y la ausencia de un plan de pagos acordado entre las partes impide la pretensión de Muelle Uno de reducir el canon al que está obligado. Si bien esta rebaja fue acordada por parte de los gestores del centro comercial con el anterior presidente del Puerto, José Sánchez Maldonado, su aplicación queda bloqueada mientras no se regularice la deuda existente.

Conforme a la normativa aplicable, no es posible minorar el canon, que rondaría los 200.000 euros (al aceptarse que se le está cobrando por un espacio del que no tienen uso lucrativo), hasta que la sociedad concesionaria alcance un acuerdo mediante el que regularizar y fraccionar el abono de la deuda. Algunas fuentes del Puerto indicaron meses atrás que la pretensión de los socios privados pasa por ampliar la reducción a hasta 600.000 euros.