caso La parrada Pedro Tirado condenado por un delito de cohecho impropio

Multa de 12.000 euros al ex alcalde de Manilva por cobrar 762.000 en sobornos

  • La Audiencia de Málaga estima que el dinero que la Policía halló en la casa del entonces regidor en una bolsa no tiene nada que ver con un convenio que permitió un 'pelotazo' de 108 millones al recalificar un suelo

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El caso La Parrada que supuso en 2005 la detención por corrupción del alcalde de Manilva, el independiente y ex gilista Pedro Tirado, ha concluido con una multa de 12.000 euros. La sentencia de la Audiencia de Málaga afirma que Tirado percibió 762.102 euros en sobornos, pero desvincula estos cohechos de la operación de La Parrada, el mayor pelotazo urbanístico de la Costa del Sol. El entonces alcalde firmó un convenio en 2004 con la empresa Royal Marbella Estates para elevar la densidad residencial de esta finca, lo que permitió que unos suelos comprados por 9,7 millones se pudieran vender un año después por 117,9 millones de euros.

En ese negocio descomunal estuvo involucrado Francisco Calle, cuñado de Pedro Tirado, sin embargo, el tribunal afirma que "no ha quedado demostrado" que ejerciera ningún tipo de presión para llegar a un acuerdo urbanístico que, por otra parte, tampoco estima ilegal.

En realidad, la Sección Octava de la Audiencia de Málaga condena a Pedro Tirado porque la Policía encontró en octubre de 2005 dentro de una bolsa en su domicilio 762.102 euros, en billetes de 500, enrollados en fajos y sujetos con gomas. El tribunal niega, en contra de la acusación de la Fiscalía, que este dinero procediera de sobornos relacionados con la operación de La Parrada. Aunque "alberga la sospecha, incluso vehemente, de que este haya sido el origen, a la vista del altamente lucrativo negocio" de La Parrada, que reportó comisiones millonarias al cuñado del alcalde, Francisco Calle, y a Aki Kujala, empresario que conducía los negocios de Royal Marbella Estates.

A pesar de esas sospechas, la sala afirma que el dinero procedía de "donaciones y regalos en metálico" que Pedro Tirado recibía de terceros "por su condición de alcalde y en atención al cargo que ostentaba". Es decir, se trataba de sobornos para quedar bien, para engrasar las relaciones con el alcalde, pero no para conseguir favores concretos.

El tribunal engloba dentro de esta misma conducta tipificada como cohecho impropio el que Tirado, su cuñado y el empresario finlandés que gestionaba Royal Marbella Estates, Aki Kujala, se alojaran el 28 de septiembre de 2004 en el hotel Palace de Madrid con cargo a la empresa y que acudiera a un palco del Real Madrid para ver un partido de Champions también invitado por otro empresario y de nuevo "en atención a su cargo".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando González Zubieta incide en las suspicacias que levanta tanto dinero negro en la casa del alcalde. Incluso indica que el tribunal en toda su trayectoria nunca ha encontrado y difícilmente lo hará en el futuro una cuantía similar "ni aún en supuestos referidos al tráfico de estupefacientes o bandas organizadas".

El ex alcalde se negó en el juicio a dar explicación alguna sobre los 762.000 euros que guardaba en su ático de Sabinillas, aunque el 14 de octubre de 2005, apenas 24 horas después de ser detenido, explicó que se trataba de "donaciones anónimas" recibidas para afrontar los gastos electorales de las municipales de 2003. Tirado se presentó entonces por el Partido Democrático de Manilva (PDEM), después de haber concurrido con anterioridad como cabeza de lista del GIL.

La sala recuerda que esos fondos no sólo no los ingresó en las cuentas de su formación política, sino que otros dirigentes ni siquiera sabían de su existencia. Además, un perito de la Agencia Tributaria indicó en el juicio que el alcalde de Manilva había llevado un tren de vida que no estaba en consonancia con los ingresos que declaraba. El tribunal lamenta la decisión de Tirado de no declarar porque hubiera podido "explicar, aclarar y justificar" el origen de esos fondos. Todas estas circunstancias son las que han "conducido" a la Audiencia a establecer que el dinero eran sobornos, aún cuando no crea demostrado que procedieran del pelotazo de La Parrada, a pesar de todas sus "sospechas".

El tribunal abunda en este presentimiento cuando afirma que "percibe" el "clamor popular" de que "para materializar muchos proyectos urbanísticos" se considera "normal" que los promotores "deban abonar determinadas cantidades dinerarias a los responsables de los consistorios" porque si se niegan a estas mordidas quedarían "excluidos de desarrollar cualquier actividad empresarial en el municipio".

El delito de cohecho impropio en la época en la que ocurrieron los hechos estaba penalizado en el Código Penal entonces vigente con penas que oscilaban entre los tres y seis meses. La sala en atención a "la gravedad del hecho, por el clamor y la alarma social que produce, así como el nivel de rentas y gastos", le impone a Pedro Tirado una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 100 euros, que equivalen en total a 12.000 euros. Además, ordena el decomiso de los 762.102 euros que se le intervinieron en su domicilio el 13 de octubre de 2005. La Fiscalía había pedido para el ex alcalde tres millones de multa y tres años de suspensión de empleo o cargo público.

La sentencia absuelve al cuñado del alcalde, Francisco Calle, de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales que le atribuía la Fiscalía, por los que le pedía dos años de cárcel y 5,2 millones de multa. Aki Kujala, el empresario de Royal Marbella Estates, acusado de cohecho y con una petición de tres millones de multa, también ha sido absuelto, así como Rafael Fernández, un vecino de La Línea imputado por blanqueo.

La operación de La Parrada consistió en la compra de varias fincas en Manilva y la consiguiente firma de un convenio en agosto de 2004 que permitía elevar la densidad residencial de 10 a 18 las viviendas por hectárea. En este negocio Aki Kujala, en su calidad de gestor de Royal Marbella Estates, se asoció con el cuñado del alcalde, Francisco Calle. Juntos crearon en abril de 2004 Gestierra, una sociedad que, según la sentencia, tuvo en exclusiva el encargo de vender los suelos. La venta se formalizó por 117,9 millones entre septiembre y diciembre de 2004 y Gestierra "en cumplimiento del compromiso adquirido por Royal Marbella Estates" recibió 5,3 millones de euros, de los que Francisco Calle transfirió 2,1 a otra sociedad creada a tal efecto en noviembre de 2004. Una vez absueltos Kujala y Calle y despejada cualquier responsabilidad de las sociedades, estos 2,1 millones del cuñado del alcalde serán desbloqueados, le serán devueltos. La sentencia, no obstante, es recurrible ante el Tribunal Supremo.

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