Los proyectos de transformación del eje Carretería-Álamos, de la Plaza de los Filipenses y la calle Trinidad Grund impulsados por el Ayuntamiento de Málaga pueden verse seriamente alterados ante las últimas exigencias formuladas por varios colectivos vecinales y sociales, cuya voz es clave en el futuro de estas intervenciones.

Las asociaciones Centro Antiguo, Centro Sur Soho, Centro Vecinos, y Vecinos y Comerciantes Andrés Pérez y Carretería, remitieron el pasado 25 de marzo un escrito al Ayuntamiento en el que enumeran una docena de reclamaciones que han de ser atendidas para contar con su aval a estas iniciativas. A la ya conocida negativa de los residentes a que se autoricen zonas de terrazas de bares en Carretería y Álamos, se suma su oposición a que se intervenga sobre la Tribuna de los Pobres.

"Exigimos la revisión total de la parte del proyecto de la tribuna de los pobres, mostrando nuestro rechazo total a su modificación por considerarla un patrimonio de todos los malagueños, un icono de referencia arquitectónica y una seña de identidad para la Semana Santa malagueña", dice textualmente el documento, al que tuvo acceso este periódico.

Sobre este mismo asunto, los colectivos califican de "verdadera aberración" que se pretenda cubrir el "magnífico" muro de mampostería de piedra granítica, "en perfecto estado", con un jardín vertical, "que puede ir en cualquier otro lugar". Para los firmantes, se trata de un gasto económico que se puede utilizar "en otras mejoras mucho más adecuadas".

Por ello, proponen "dejar tal y como está la escalera, remodelando si acaso las jardinera"; así como "buscar un diseño de ascensor que sea más un símbolo diferenciador y potenciador de la propia tribuna de los pobres y no una estructura grotesca que destroza el conjunto arquitectónico existente". También piden situar en cualquier otro sitio el kiosko.

Defienden que se trata de "un patrimonio de todos los malagueños, un icono de referencia arquitectónica y una seña de identidad para la Semana Santa malagueña"

La cuestión de la ocupación de vía pública es central en sus exigencias. Por ello, instan al Ayuntamiento a que "se comprometa por escrito y de forma vinculante a no permitir ninguna autorización de terraza ni de ninguna otra ocupación de vía pública por parte de negocios privados". Ello a excepción de la autorización ya vigente del Hotel Tribuna.

El malestar de los vecinos sobre este asunto quedó de manifiesto al finalizar la última reunión sobre estos proyectos y ante la falta de una respuesta clara por parte del Consistorio. No obstante, el día después el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, fue categórico al asumir el compromiso de que no se permitirían nuevas terrazas.

"El Centro sufre una saturación manifiesta de la vía pública y el Ayuntamiento ha demostrado su negligencia a la hora de controlarla; todos los compromisos previos para limitar/controlar la ocupación han sido reiteradamente incumplidos", destacan los colectivos, que citan como ejemplos de "tabernalización" lo ocurrido en los entornos de la Catedral, Molina Larios, Strachan o la Plaza del Obispo.

A juicio de las asociaciones, este hecho "es una 'corrupción' o desvirtualización de los fines de estos proyectos, así como una usurpación del espacio público que es de todos y una malversación del destino primero y principal de los fondos europeos", incidieron.

Otras demandas aluden a la necesidad de restringir el tráfico de coches y motos “fuera del horario comercial para contribuir al descanso de los residentes”, de manera que solo tengan libre acceso los residentes o los que accedan a un aparcamiento. Asimismo, se reclama que no se incluyan plazas de aparcamiento de motos y ciclomotores en las calles Carretería-Álamos, al considerar que las mismas “van en detrimento” de las de residentes. En la propuesta municipal la cifra queda reducida a 43 plazas en Carretería, frente a las 123 actuales (78 Carretería y 45 en Álamos).

 En este contexto, los colectivos recuerdan que los proyectos financiados con fondos europeos "tienen como condición la participación y la aceptación de los mismos por parte de los ciudadanos". Por ello, advierten de que si el Ayuntamiento "continúa sin atender estas condiciones, nos reservaremos el derecho a denunciar ante instancias superiores dichos incumplimientos; no aceptamos ni aceptaremos que se use nuestra presencia en las mesas como mero trámite para justificar la financiación".