El grupo municipal popular llevará al próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento de Málaga inste al Gobierno a estudiar una serie de modificaciones que garanticen una jubilación "digna" a los abogados y procuradores mutualistas, exigiendo que "no se sitúen en un plano de desventaja" frente a quienes están sujetos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que se les informe de los avances que se produzcan, "con la máxima transparencia y mediante los canales adecuados".

Y es que, como recoge la moción, consultada por Europa Press, "miles de abogados y procuradores llevan tiempo denunciando públicamente el cobro de pensiones irrisorias y la falta de coberturas", del sistema de las mutualidades, alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Los 'populares' han explicado que aquellos que son mutualistas, estén adscritos o no al Turno de Oficio, "no tienen derecho a una jubilación digna, lo que les obliga a seguir trabajando sin poder jubilarse".

Este colectivo explica que sus pensiones de jubilación "son de entre la mitad y un tercio de la mínima del RETA y en muchos casos por debajo de una no contributiva, se cobran en doce pagas y no son actualizables conforme al IPC". Además, según recuerdan, sus fondos no están garantizados, ni por el fondo de garantía de depósitos ni por ningún otro tipo de garantía y están atrapados en estas entidades privadas hasta que se jubilen, ya que no es posible trasladarlos al RETA, ni a un plan de pensiones.

La moción señala que si los profesionales optan por darse de alta en el RETA y dejan de hacer aportaciones a las mutualidades, los gastos que les carguen en su fondo pueden agotar el mismo antes de que llegue su jubilación efectiva que es cuando podrían rescatarlo. Además, no tienen un plan de previsión social, sino "un seguro de ahorro puro y duro", incluso a efectos fiscales, de modo que si al jubilarse deciden recuperar íntegramente lo que quede del fondo que hayan acumulado, el tipo impositivo alcanza 40%.

Asimismo, de acuerdo con la última reforma que se pretende llevar a cabo, "los mutualistas tendrán la obligación de incrementar su cuota, sin que ello venga acompañado de un aumento de las prestaciones", han criticado.

Estos profesionales explican que hasta 1995 no podían darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y se les obligaba, como única opción posible para ejercer su actividad, a adherirse a un sistema privado, las mutualidades. Cuando se les permitió adscribirse al sistema público, el ejercicio de esta posibilidad, implicaba que todo lo aportado previamente a las mutualidades quedaba atrapado en esa entidad privada.

En lo relativo a otras coberturas sociales, apuntan que en caso de fallecimiento del mutualista "no existe pensión de viudedad ni de orfandad". Igualmente, "los mutualistas no tienen incapacidad permanente total para su profesión habitual y solo cuentan, desde junio de este año, con el compromiso de la entidad de estudiar tal opción".

En cuanto a las incapacidades temporales motivadas por problemas de salud mental, el texto recoge que éstas son de un máximo de 60 días para toda la vida profesional del mutualista, y si bien hay un compromiso para que a partir del año que viene se alcancen los 360 días -que podrán ser solicitados hasta en cuatro periodos de máximo 90 días- en toda la vida profesional del mutualista, para los 'populares' "sigue pareciendo insuficiente".

Por su parte, las incapacidades temporales motivadas por enfermedad o accidente cubren un máximo de 365 días, "generando muchos problemas sobre todo en pacientes aquejados de enfermedades de larga duración o con recidivas como los oncológicos".

En lo relativo a la sanidad pública, han explicado que los mutualistas a pesar de financiarla desde siempre con sus impuestos, no tenían derecho a ella hasta el año 2012 y se veían obligados a contratar seguros médicos privados, y advierten que "actualmente en su disfrute aún tienen limitaciones y condiciones diferentes". En relación al copago farmacéutico existen diferencias entre las mutualidades y el RETA, ya que los mutualistas vienen afrontando en torno al 50% del pago de sus medicamentos.

Así, abogados y procuradores han explicado que no solicitan "ningún privilegio, sino los derechos básicos que deben reconocerse a todo trabajador" y proponen, por ejemplo, que se establezca la posibilidad, puntual y voluntaria, de que los mutualistas puedan trasladar el dinero que tienen atrapado en las entidades privadas mutuales, tras las cotizaciones de toda una vida, y aportarlo al sistema público para que puedan disponer de una pensión pública mínima en condiciones similares a los cotizantes en RETA, incluidos aquellos que ya conforman las clases pasivas.

Igualmente consideran necesarias mejoras fiscales en fase de jubilación de modo que la Mutualidad de la Abogacía para los profesionales que la tienen como sistema alternativo al RETA no sea un simple plan de pensiones complementario, así como mejoras en la compatibilidad cobro de pensión y ejercicio profesional.

Estos abogados explican, además, que el Consejo General de la Abogacía Española anunció en junio que reclamará a la Seguridad Social que garantice pensiones mínimas equiparables a las que perciben los autónomos a todos los abogados que han cotizado como mutualistas alternativos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que se están llevando a cabo conversaciones de cuyas conclusiones "no están teniendo noticias, por lo que solicitan la máxima transparencia", han indicado desde el grupo 'popular'.

Por ello, la moción del PP recoge un único punto en el que pide al Ayuntamiento de Málaga instar al Gobierno de España a estudiar una serie de modificaciones "que garanticen que los abogados y procuradores mutualistas no se sitúen en un plano de desventaja" frente a quienes están sujetos al RETA y que se informe a estos profesionales de los avances que se produzcan, "con la máxima transparencia y mediante los canales adecuados".