La parlamentaria andaluza del PSOE Alicia Murillo ha considerado “muy grave” que la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, María del Carmen Sánchez Sierra, esté siendo investigada por la adjudicación de una oficina del SAE en El Palo.

En este sentido, ha asegurado no entender que se hayan detectado presuntas irregularidades en la adjudicación del expediente. “La delegada investigada es además funcionaria de profesión, es decir, que es una persona que conoce perfectamente el procedimiento administrativo. No es una persona a la que se le ponga algo y firme con desconocimiento”, ha asegurado a través de un comunicado.

Murillo ha considerado que “no se pueden cambiar las reglas del juego cuando se está jugando el partido y no entendemos, según hemos conocido a través de los medios de comunicación, que las licitaciones sean distintas cuando el objetivo de la licitación sigue siendo el mismo”.

De esta forma, ha señalado que la justicia dirimirá, al tiempo que ha afirmado que la Junta de Andalucía “debe garantizar que haya transparencia y que los contratos y las licitaciones que publican sean accesibles y transparentes para todas las empresas”. “Es decir, que haya igualdad de acceso por parte de las empresas a los posibles contratos o licitaciones de la Junta de Andalucía”, ha añadido. “Estos hechos que hemos conocido hoy no van en la línea de que haya transparencia en la adjudicación de los contratos que salen de la Junta de Andalucía”, ha concluido.

Como ha publicado este periódico este mismo martes, el juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha citado a declarar como querellada por presunta prevaricación a la delegada en relación con la adjudicación del arrendamiento de un inmueble para ubicar la sede de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en El Palo.

La querell se dirige además contra cuatro técnicos que formaron parte de la mesa de contratación, y los cinco querellados están citados a declarar este martes. La denuncia se basa en las "diferencias de requisitos" entre dos licitaciones públicas iniciadas por el SAE para el arrendamiento del inmueble y en el que según sostiene el denunciante se ha "vulnerado de manera consciente y arbitraria los principios de obligado cumplimiento que deben cumplir las ofertas públicas de contratación en una clara intención de excluir de la misma" al denunciante.

Para ello, según la querella, se empleó una "burda maniobra de introducir condiciones de todo punto injustificadas que bloquean la posibilidad de acceso a la licitación" del denunciante, que ofreció un local de su propiedad como sede para las nuevas oficinas, y "en modificar los criterios de valoración y exigibilidad de requisitos a cumplir en ambas licitaciones de idéntico fin y contenido".