Durante la rueda de prensa en la que el exgerente de Málaga, Deportes y Eventos explicó el fin de su relación con Ciudadanos, José Luis Paradas Romero se refirió a la sentencia por la que ha sido condenado al pago de una multa de 1.080 euros por tres delitos leves de coacciones. Sin precisar en demasiados detalles, ya que se encuentra preparando un recurso de apelación a la Audiencia Provincial, el exárbitro volvió a insistir en que "nunca" había realizado las llamadas en número oculto a Juan Cassá ni a ninguno de sus asesores.

Aclaró que la única conversación que había mantenido con el edil no adscrito fue en un grupo de Whatsapp, el 14 de abril de 2020: "Le dije que, cuando uno recoge un acta y acata un compromiso, hay que asumir las responsabilidades", añadiendo que en referido chat había "más de 50 personas".

De igual modo, incidió en reiteradas ocasiones en que el 11 de marzo de 2020, su cuenta de Facebook fue hackeada. Preguntado por las acciones que tomó al respecto, respondió que eran los primeros días de la pandemia y que el confinamiento llegaría al poco tiempo, así que no fue a ninguna comisaría a informar de ello: "Mi mujer, que pudo acceder al perfil, sí que lo denunció a Facebook", subraya.

Su abogado, Rafael Mesa, intervino para explicar que estas capturas de pantalla fueron presentadas en la fase documental del juicio, incidiendo en, una vez hackeado el usuario, se puede hacerse extensible al teléfono móvil. Cuestionado sobre si tenía alguna sospecha de quien podía estar detrás de este hecho, Paradas Romero aseguró que, pese a "haberlo comentado en el juicio", "prefiere no decir nada" al encontrarse su equipo trabajando en el ya mencionado recurso. 

El letrado sostuvo que, pese a que en la sentencia se recoge que el titular de la línea, desde la que se hicieron las llamadas en oculto, es José Luis Paradas Romero, "eso no demuestra" que las hiciera él. Al respecto de los siguientes pasos que van a dar, Mesa afirmó que se ha solicitado la paralización del plazo de cinco días de los que disponen para apelar, estando a la espera de recibir la grabación del juicio. Una vez que esto ocurra, y el caso sea adjudicado a una de las salas, se acometerá en función del "volumen de trabajo": "Calculo que unos dos o tres meses".