El Parlamento amplía el margen para regularizar viviendas ilegales

El Parlamento andaluz abre la mano a un nuevo grupo de viviendas construidas en suelo no urbanizable que buscaban su regularización. Aquellas que fueron construidas sobre parcelaciones y levantadas hace más de seis años también tendrán una salida legal. La Cámara Autonómica aprobó ayer la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos. Podemos e Izquierda Unida optaron por la abstención.

Esta flexibilización de la norma favorecerá a unas 25.000 viviendas en Andalucía, según los datos aportados por los distintos partidos que pasaron por el hemiciclo. Una cifra que representa un 8% del total de las que hay en la región, que asciende a 300.000 construcciones. En Málaga, la admisión de las parcelaciones en el proceso regularizador podría beneficiar a 10.000 propietarios, la mayoría de ellos en la comarca de la Axarquía.

Ayer acudieron al Parlamento andaluz para ser testigos de la votación miembros de la asociación Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía (Save Our Home Axarquía), que han participado en el proceso de tramitación con la inclusión de diferentes enmiendas. A estos se sumaron alcaldes de la comarca como Antonio Moreno, de Vélez-Málaga; Antonio Campos, de Macharaviaya; José Juan Jiménez, de La Viñuela; Gregorio Campos, de Iznate y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, y Mario Blacke, alcalde de Alcaucín y portavoz de SOHA.

"Estamos muy satisfechos, ha sido un trabajo de equipo no sólo de Soha. Después de dos años dedicados a buscar una solución, ahora toca un respiro y disfrutar de un momento tan importante", comentó Blancke a la salida del Parlamento. El regidor avanzó que será en septiembre cuando retomen el calendario para impulsar nuevas medidas como "la agilización de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los pueblos pequeños para que su tramitación sea menor". Respecto a las modificaciones aprobadas ayer, el también portavoz de SOHA recordó a los ecologistas que se han mostrado contrarios a estas medidas que "no se trata de ninguna amnistía, ya que favorece a parcelaciones concretas que han cumplido más de seis años, el resto sigue pendiente de demolición".

La nueva normativa se aplicará a las edificaciones aisladas construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable que tengan al menos seis años de antigüedad. Quedan fuera de este grupo aquellas que están sobre suelo de especial protección, inundable o riesgo de erosión. Tampoco entran las que estén afectadas por expedientes administrativos o de demolición. Aquellas viviendas reparceladas que formen parte de un conjunto diseminado tendrán que regularizarse incorporándose como hábitat en el PGOU de sus respectivos municipios.

Otro de los grandes logros para los propietarios de estas viviendas es que los ayuntamientos podrán tramitar las autorizaciones para que puedan acceder a los suministros básicos como pueden ser la luz o el agua. "Nuestro cometido como gobierno es atender las demandas de la ciudadanía. Traer al Parlamento los instrumentos legales que vengan a solucionar problemas reales de la forma más eficaz", comentó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal quien agradeció la participación de los agentes sociales que han introducido sugerencias al texto y al consenso al que han llegado todos los grupos políticos con representación en la Cámara después de un año de tramitación. Se han introducido quince enmiendas aportadas por el Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos.

A pesar del apoyo mostrado a las modificaciones realizadas al texto, los portavoces de la oposición coincidieron en definir éstas como "chapuzas" o "parches" al considerar que la ley se ha quedado anticuada y recordaron que es el undécimo cambio que se aprueba. Los cuatro grupos responsabilizaron a la Junta de Andalucía de "no haber asumido sus responsabilidades" con anterioridad para atajar el problema del no urbanizable y mostraron su preocupación por la falta de recursos humanos y técnicos que tienen los ayuntamientos para afrontar sus planeamientos urbanísticos.