Piden 7 años para la dueña de la residencia que se quedaba con las casas de ancianos

María B. ingresó en la residencia Nuestra Señora de Gracia el 1 de agosto de 2000. Estaba moribunda y presentaba un cuadro severo de demencia senil. A pesar de este estado de deterioro fue capaz de firmar la documentación necesario para convertir en heredera a la dueña del geriátrico. La anciana fallecía cuatro días después. .

Andrés G. padecía un trastorno mental que le impedía conocer y comprender, circunstancia que tampoco fue obstáculo para autorizar a la responsable del asilo a vender su casa como dueña de pleno dominio.

Manuel C. falleció cinco días después de llegar a la residencia. Tiempo suficiente para que la mujer lo acompañará a una sucursal y sacar 566 euros como pago de su estancia y de los que supuestamente la mujer se apropió.

Estos son únicamente tres de los casos que la Fiscalía de Málaga recoge en su escrito de acusación en relación con la trama de estafas tejida en torno a la residencia Nuestra Señora de Gracia de Alhaurín de la Torre y que la Guardia Civil destapó en abril de 2005 con el arresto de su propietaria y el hijo de ésta, quienes supuestamente se apropiaron de viviendas y dinero de los ancianos, la mayoría de ellos con sus facultades mentales mermadas.

El Ministerio Público solicita en sus conclusiones provisionales un total de siete años y seis meses de prisión para Concepción B. J. Su hijo, que presuntamente habría colaborado en estas actividades delictivas, se enfrenta a una petición de condena de cinco años de encarcelamiento. El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Málaga Hoy, refleja que los dos acusados presuntamente engañaban a los ancianos y, con el pretexto de gestionarle el cobro de una pensión, les hacían firmar poderes notariales para tener acceso a sus bienes inmuebles y a sus cuentas corrientes.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, entre los años 2003 y 2005, Concepción B. J., y su hijo, David S. B., engañaron a numerosos ancianos internados en la residencia de su propiedad, ubicada en la urbanización Pinos de Alhaurín de la Torre de esta localidad, para que les otorgaran poderes en la administración y gestión de sus bienes, "sin que éstos supieran qué habían firmado o cuál era su contenido".

De esta forma, las víctimas, algunas de las cuales fallecieron al poco tiempo, "cedían o donaban sus residencias para sufragar su estancia".

El documento de la Fiscalía destaca que, "en otras ocasiones, extraía fraudulentamente el dinero que los ancianos tenían ingresado en sus respectivas cuentas bancarias en cantidades, que excedían del cobro de las correspondientes mensualidades, por los gastos de estancia, incorporándolos a su patrimonio". Para ello, llegaba a acompañar a los internos hasta las sucursales o "se personaba sola en el banco con los resguardos de los reintegros ya firmados" y ponía como excusa que estaban impedidos y no se podían desplazar.

Pero la apropiación de las casas era la principal actividad de madre hijo. El Ministerio Público describe que, "una vez otorgados los poderes por los ancianos, Concepción B. J., haciendo uso de los mismos, vendía sus viviendas a terceros, algunos de los cuales eran inversionistas dedicados a negocios inmobiliarios, las hipotecaba o se las autovendía sin comunicárselo a las víctimas y quedándose con el dinero".

Aunque la propietaria de la residencia está considerada la principal responsable del entramado, la Fiscalía señala que su hijo "intervino de mutuo acuerdo en algunos de los hechos relatados.

Por estos motivos, solicita la pena de siete años y seis meses de cárcel para la responsable del geriátrico por un delito continuado de estafa; mientras que David S. B. se enfrenta a cinco años de encarcelamiento por estafa.

En cuanto a la responsabilidad civil, la acusada y la sociedad que regentaba, Barrabinos Sánchez SL, "deberán indemnizar a los perjudicados y, en caso de fallecimiento de los mismos, a sus herederos, en las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia por los perjuicios causados por sus ilícitas actividades".

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral, que está fechado para el 14 de noviembre.