La Policía y Consumo elevan el control sobre los locales de compraventa de oro y joyerías

Ponen en marcha una campaña para vigilar 15 establecimientos de Málaga y si se vulneran los derechos de los usuarios

Un establecimiento de compraventa de oro en la capital.
Redacción / Málaga

05 de abril 2012 - 01:00

La Policía Nacional y los inspectores de Consumo dependientes de la Junta de Andalucía van a poner en marcha una campaña de vigilancia sobre joyerías y establecimientos dedicados a la compraventa de oro y al empeño de joyas con el fin de comprobar si se respetan o no los derechos de los usuarios. Según dio a conocer ayer la Administración regional, la intención es que ambos cuerpos actúen de forma coordinada controlando 15 de estos locales en la provincia de Málaga. No obstante, la intervención es de carácter regional y se extiende en los mismos términos a las otra siete provincias andaluzas.

La Junta justifica el impulso de esta intervención en la proliferación de establecimientos dedicados a la compraventa de oro como consecuencia de la actual crisis económica. De acuerdo con los datos aportados, la campaña se pondrá en funcionamiento en los próximos días, manteniéndose activa hasta el 30 de mayo próximo. La primera etapa de plan, que se completará con una segunda fase antes de finales de año, incluye el control de la publicidad de los distintos negocios, así como la existencia de hojas de quejas y reclamaciones y del cartel anunciador de las mismas.

Los inspectores pondrán atención, por ejemplo, al etiquetado de los productos fabricados en metales preciosos y su contraste y se verificará la procedencia de los productos puestos a la venta a través de las facturas de compra de los mismos por parte del empresario. En los establecimientos dedicados a la compraventa de oro, él control se centrará en la existencia y verificación de las balanzas.

De otro lado, en el caso de las casas de empeño, se pondrá especial celo en controlar los tipos de interés aplicable a las transacciones. Un detalle a tener muy en cuenta, puesto que según confirma la Dirección General de Consumo se han detectado casos en los que el interés anual aplicable es del 330%. Este tipo de situaciones se pondrán en conocimiento de la Fiscalía.

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