Dos de la madrugada. La Sala del 092 de la Policía Local de Málaga recibe varias quejas por exceso de ruido. Las denuncias proceden de residentes de un bloque de viviendas que no consiguen conciliar el sueño. Se lo impide la fiesta multitudinaria que han montado sus vecinos. Los agentes no tardan en localizar el inmueble y llaman insistentemente al timbre, pero sin obtener respuesta. El dueño se niega a abrir. La escena se repite en distintas franjas del día cada fin de semana. Y también de la noche, para desesperación de los afectados.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad carecen de armas jurídicas para intervenir en una fiesta ilegal en la que, por lo general, además de infringirse la ordenanza de convivencia por ruido, se incumplen también las medidas sanitarias establecidas para frenar los contagios de coronavirus. Así lo reconoce el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, que advierte que los policías tienen prohibido acceder a la vivienda si el dueño no le flanquea la entrada o cuentan con una orden judicial. La actuación policial puede considerarse ilegal por tratarse de un allanamiento de morada. Solo ante la sospecha de que en el interior de la casa se está cometiendo un delito flagrante, los agentes tienen luz verde para irrumpir. “No atender la llamada de un policía se puede entender como un delito leve de desobediencia, pero eso no justifica la entrada en el domicilio”, recalca el responsable del área.

La compleja realidad de las fiestas sin control, cuya incidencia resulta imposible cuantificar, es constatada por el subinspector de la Policía Local José Luis Sánchez, que admite que la plantilla se siente “desamparada” y solo puede hacer uso de “herramientas artesanales”. “Nuestra obligación es intentar agotar todas las vías. Comprobamos si tenemos datos de identificación de los propietarios. Si se trata de una fiesta que ha molestado muchísimo, podemos citarlos para que expliquen qué pasaba en su casa a las 3 de la mañana, pero ya tendrá difícil solución”, detalla el subinspector.

Policías consultados sobre la dificultad que entraña este tipo de actuaciones abogan por establecer un sistema “con el que se pueda hacer responsable al titular”. “El derecho a la inviolabilidad del domicilio es fundamental pero no puede ser excusa para no dejar descansar a los vecinos. Eso merma la salud”, apostilla el efectivo, convencido de que, “si el legislador quisiera sacar un decreto con multas de 1500 euros al dueño del piso, se acabarían las fiestas”.

Teatinos llegó a sumar el doble de quejas por ruido que el Centro por los universitarios

En palabras del subinspector Sánchez, las fiestas en viviendas turísticas no tienen una incidencia relevante en Málaga, pese a que éstas se están “criminalizando” porque “resuenan más” que el resto. Admite, eso sí, que algunos de sus protagonistas, “más desinhibidos”, se creen “invulnerables a las denuncias” por ser residente extranjero. Así, recuerda que la Policía Local, que entre el 1 y el 29 de abril ha denunciado a 5.817 personas por incumplir las medidas antiCovid, busca la convivencia pacífica de los vecinos y que los agentes no son “inquisidores, sino correctores”.

El policía afirma que la zona Centro no es el escenario por antonomasia de fiestas ilegales, que ya se han trasladado a otros barrios. Es el caso de Teatinos, donde hace dos fines de semana se registraron 47 requerimientos –de un total de 149– por exceso de ruido en domicilios, el doble que en el Centro, lo que respondía, en cierto modo, al hecho de que los jóvenes universitarios continuaran la fiesta en viviendas al comenzar el toque de queda. A ellos se suman quienes celebran cumpleaños en casas o se reúnen con amigos y familiares para ver un partido. Entre el viernes 16 de abril y el domingo 18 se interpusieron 118 denuncias por permanecer en la calle más allá de la hora establecida.

El fin de semana siguiente, sin embargo, el Centro acaparó las denuncias por ruido y le siguieron Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla, Ciudad Jardín, Teatinos, Cruz de Humilladero, El Palo y Carretera de Cádiz. 

Tras un año de pandemia, el subinspector rompe una lanza a favor de la población y reconoce que la situación “empieza a ser descorazonadora” y percibe “angustia y el agotamiento social”, lo que “repercute en un exceso de rebeldía, sobre todo en personas que no suelen serlo”.