Los concejales de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, así como el gerente de Urbanismo, José Cardador, han presentado ante los tribunales un recurso contencioso administrativo contra el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga celebrado el pasado 11 de marzo en el que se exigió su dimisión por el caso Villas del Arenal.

La reacción judicial impulsada por los dos ediles y el directivo municipal tiene fecha del pasado 21 de marzo, si bien tuvo entrada en la Secretaría General del Consistorio el pasado 2 de abril a modo de "emplazamiento a los interesados". Con el recurso se apela a la "protección de los derechos fundamentales", incidiéndose en que la decisión plenaria objeto de la actuación vulnera de "forma flagrante y grosera" diferentes derechos constitucionales, como el derecho al honor, la garantía de que los que hayan accedido a cargos públicos "se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas" y, especialmente, el derecho a la presunción de inocencia.

El recurso, presentado ante el juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Málaga, critica el comportamiento de los grupos de la oposición tras conocerse que Porras, Pomares y Cardador fueron llamados a declarar en calidad de investigados por el caso Villas del Arenal. Y ello formulando una moción en la que, "predeterminando la culpabilidad de los denunciados, negándoles el derecho a la presunción de inocencia y votándola favorablemente, han dado lugar a que el Pleno adopte el acuerdo de exigirles su dimisión, lo que sin duda es una genuina manifestación del principio de presunción de culpabilidad".