El pasado 7 de octubre entró en vigor la ley del sólo sí es sí, una reforma trasversal que ha supuesto la modificación parcial de hasta 15 quince leyes y ha generado controversia sobre el modo de su ejecución. Los jueces de las cinco secciones penales de Málaga han acordado reducir aquellas penas dictadas como mínimas en el marco de la anterior legislación y así lo están haciendo. Hasta la fecha, 18 reos acusados por delitos contra la libertad sexual han visto rebajadas sus penas y uno ha sido excarcelado.

El 6 de marzo de 2015, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga condenó a seis años de prisión a un hombre como responsable de un delito de agresión sexual hacia su sobrina, de 14 años, cometido en 2019. Además, se le impuso la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia mínima de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 14 años, y se acordó que la indemnizara con 15.000 euros por los daños morales causados.

En esta sentencia, los jueces tuvieron en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, como el hecho de que el juicio no se celebrara cinco años y medio más tarde después de que se iniciara la causa y otros aspectos relativos a que el acto criminal no fuera “acompañado de una violencia reseñable” y haberse consumado “en breve instante ante el temor de ser sorprendido”. Por ello, fijaron la pena mínima que entonces establecía el Código Penal para los delitos relativos a agresiones sexuales.

Así, el penado ingresó en prisión para cumplir condena el 9 de julio de 2017, donde permanecía hasta hace poco. Si bien, el pasado 20 de noviembre, en virtud de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual –que afecta fundamentalmente a las penas dictadas como mínimas– la defensa del reo pidió una revisión de condena que fue estimada por la Sala. Tras estudiar el caso, el 19 de enero los magistrados acordaron rebajar su estancia en prisión a tres años y seis meses de prisión. 

Pero, para esta fecha, el reo ya había liquidado la nueva condena, por lo que lo que la Sala dispuso en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, que se comunicase al centro penitenciario en el que se encontraba ingresado, al ministerio fiscal y a las defensas su puesta en libertad.

En este punto, es preciso indicar que el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiado, hasta ahora, por el nuevo marco de penas que recoge la ley del solo sí es sí en Andalucía, Ceuta y Melilla alcanza los 70, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Un total de dos personas -una en Málaga y otra en Córdoba- han sido excarceladas desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, hasta fecha de hoy. 

Cabe recordar que fue la sección octava de la Audiencia Provincial la que dictó la primera rebaja de condena a un violador en Málaga. Este tribunal diminuyó a cuatro años la condena del reo, pasando de 12 a ocho año, por dos delitos sexuales, cuya pena ascendía a seis años por cada uno.

El agresor está cumpliendo condena por dos delitos de violación y también por uno de robo con intimidación, el cual aumentaba cuatro años más el total de años que debía pasar en la cárcel. Ahora se le reduce las penas por ambos delitos sexuales a cuatro años, ya que en el momento que fue condenado eran las penas mínimas previstas.

Todo esto se produce en pleno debate de la ley del solo sí es sí, pues el Ejecutivo central ha asegurado estar trabajando ya en resolver “los efectos indeseados” causados por la rebaja de penas de la ley ante la “preocupación social” que ha levantado la revisión de condenas a los agresores sexuales, pese a la oposición de Podemos.

Si bien, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que es “optimista” y cree que los socios de Gobierno llegarán a un acuerdo en relación a la reforma de esta ley, pero ha asegurado que si las diferencias que existen actualmente “no llegan a buen puerto” entre ambas partes “es evidente que la ley habrá que reformarla”. 

Montero rechaza así las críticas de Podemos que apuntan a que la propuesta del PSOE no respeta dicho consentimiento. La ministra de Hacienda ha explicado que los socios de Gobierno “coinciden” en que hay que “preservar el consentimiento” y en que no se produzcan “rebajas de penas no deseadas por el legislador”, y de lo que se está tratando en la negociación es de “ajustes técnico” para lograrlo.