El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, aseguró este martes que los letrados de la administración están cogiendo vacaciones durante las jornadas de huelga para que no les descuenten del sueldo. Ahora, el Ministerio de Justicia ha decidido poner coto a la elección de los permisos mientras continúen los paros; una medida que el colectivo tacha de "abusiva".

El secretario general de la administración de Justicia, Manuel Olmedo, ha emitido  una instrucción relativa al régimen de disfrute de permisos durante las jornadas de huelga en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia "ante la incertidumbre acerca de la duración de esta paralización de la actividad.

Según se detalla en el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, "no se autorizará el disfrute de días de vacaciones ni asuntos particulares correspondientes al año 2023 a las letradas y a los letrados de la Administración de Justicia en días en que deban atender señalamientos", a excepción de "circunstancias personales debidamente justificadas", tales como las relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar o la realización de viajes cuyo pago se haya abonado con anterioridad a la instrucción dictada. 

En este último caso, se indica que la sustitución recaerá en un letrado que no se encuentre en situación de huelga y, preferiblemente, tampoco de servicios mínimos. En su defecto y de manera forzosa, se designará a a un letrado que se encuentre en servicios mínimo y voluntariamente lo asuma.

En la instrucción, el Ministerio de Justicia explica que no se han tomado medidas que limiten el disfrute de las vacaciones y los asuntos particulares con anterioridad, ya que la convocatoria de huelga se ha superpuesto a los últimos días en los que se podían disfrutar los permisos correspondientes al año 2022. 

No obstante, coincidiendo con la finalización de dicho periodo este miércoles, ha considerado necesario reforzar las normas sobre la autorización y petición de las vacaciones de los letrados de la administración de justicia ante la incertidumbre sobre el fin de la huelga, convocada de manera indefinida desde el pasado 24 de enero.

Por su parte, el secretario de Estado de Justicia ha criticado que haya letrados que para no perder los 170 euros diarios de salario por secundar la huelga "cogen vacaciones", como sucedió este martes -afirma- con 900 personas.

Mientras tanto, la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia ha alcanzado este miércoles el que ha sido su máximo registro de seguimiento a nivel nacional. Las asociaciones convocantes aseguran que un 84,6% ha participado en esta séptima jornada; mientras que, desde el Ministerio de Justicia contabilizan un 32,73% de participación. 

Es el dato más alto que ambas partes han comunicado desde que empezó el parón. Hasta el momento, las asociaciones convocantes habían cifrado entre un 73% y un 81% de seguimiento. El departamento dirigido por Pilar Llop había registrado una participación de entre un 18,9% y un 28,23%. 

La huelga deja ya casi 1.500 juicios suspendidos en la provincia de Málaga

Como consecuencia, se estiman que unos 9.000 actos procesales están siendo suspendidos por día. En la provincia de Málaga, al menos 200, lo que elevaría la cifra a un mínimo de 1.400 desde que comenzó la huelga convocada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), cuyo fin es la exigencia de mejoras retributivas acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, entre otras cuestiones. Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar". Su salario, afirma Justicia, crecerá de media un 14,76 % en tres años.

Según las cifras facilitadas por ese departamento, tras las negociaciones llevadas a cabo, en 2023 el salario de un LAJ que trabaja en el juzgado y está entre los niveles 26 y 28 oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros, sin tener en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone "entre un 79 y un 140 % más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles".