Prisión para el conductor que atropelló a 8 personas en Larios

El juez ordenó ayer el ingreso en prisión sin fianza de Antonio Bravo Marín, el guardia civil jubilado que el sábado irrumpió con un Rover 25 en la peatonal calle Larios y atropelló a ocho personas. El magistrado lo acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa. Fuentes judiciales explicaron que a lo largo de la investigación, que ha recaído en el juzgado de instrucción número 7 de Málaga porque ayer estaba de guardia, se concretará el número de delitos que se imputan, ya que hay varias víctimas, dos de ellas muy graves.

Bravo fue trasladado a primera hora del día a la Ciudad de la Justicia, aunque su declaración, que se prolongó durante aproximadamente una hora, y la resolución judicial no se produjeron hasta primera hora de la noche. El juzgado tuvo que recabar información sobre el suceso, como los expedientes sanitarios de los heridos y los informes sobre la salud mental del acusado, que está en tratamiento psiquiátrico. Además, dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga realizaron por la mañana una primera valoración psiquiátrica de Bravo para analizar su trasfondo psicopatológico.

Ese primer informe concluye que no es necesaria su reclusión en un centro psiquiátrico, y que aunque ingrese en prisión, allí puede recibir tratamiento psiquiátrico. Fuentes judiciales han indicado que no se recomienda el internamiento en un psiquiátrico porque en este momento "no se encuentra en un estado psicótico y, por tanto, es posible su control en la cárcel".

A lo largo de la instrucción del procedimiento, se realizará una segunda entrevista con el acusado y se analizarán las valoraciones psiquiátricas previas. Es entonces cuando los forenses emitirán el segundo informe en el que determinarán la imputabilidad del ex guardia. Es decir, en ese momento se aclarará si mentalmente está capacitado para responder por lo sucedido por la vía penal o si, por el contrario, los trastornos psiquiátricos no le hacen responsable de sus actos.

La Fiscalía solicitó prisión para el detenido y su abogada, Regina Gómez, defendió su internamiento en un centro psiquiátrico. Según la letrada, Bravo está diagnosticado de "trastorno delirante de tipo persecutorio" desde diciembre de 1998, con un proceso "de deterioro psicopatológico de varios años de evolución", precisó, en alusión a los informes sobre la salud mental del ex guardia civil incorporados a la causa. La defensa se basó en demostrar que su cliente no es imputable a efectos legales por problemas mentales.

Además del historial médico, la letrada pidió incorporar a las diligencias documentación que, a su juicio, demuestra que el acusado anunció en un foro de policías, horas antes del suceso, que iba a quitarse la vida. "El germen de lo que ha pasado es un intento de suicidio, y por eso pedimos su internamiento en un centro, porque existe peligro para la vida de otras personas, como ha ocurrido, y para la suya propia".

Dijo también que un testigo presencial del atropello que trabaja en el sector sanitario describió lo que había pasado ante el instructor como "una locura". "Dijo que estaba impávido, que condujo en línea recta y sin alterarse". Otros testigos, sin embargo, afirmaron que iba en zigzag, buscando los grupos de gente. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también dijo ayer que tenía constancia de que el conductor "intentó seguir a los peatones y dañarlos".

Tras la declaración, Gómez dijo que su cliente es consciente del daño que ha hecho y que relató al juez que sintió un impulso para hacerlo, que si en un futuro le volviese a pasar, no podría controlarlo. También le dijo que tenía "mucho dolor" por sentirse maltratado por la sociedad y que tenía manía persecutoria ante los cuerpos de seguridad y la Administración.