Proponen suspender como colegiados por 26 meses a dos cargos del Colegio Médico

Las aguas bajan algo revueltas en el Colegio Médico de Málaga. Sobre la mesa hay una propuesta de expulsión de la entidad durante 26 meses -lo que entraña la suspensión de la colegiación por ese período- de dos miembros de la junta directiva elegida hace apenas dos años. Esa es la sanción que sugiere el instructor del expediente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos contra el secretario de la institución malagueña, Carlos López Madroñero, y la vicesecretaria, Aurora Suárez-Lledó.

La decisión aún no está tomada. Tiene que adoptarla la entidad andaluza una vez que se agoten los 15 días para alegar que tienen ahora los afectados. El presidente del Colegio de Málaga, Juan José Sánchez Luque, no quiso ahondar ayer en el asunto porque aclaró que "es una propuesta".

El conflicto viene coleando desde hace un año. A ambos miembros de la ejecutiva se les acusa de paralizar el Colegio profesional, de retrasar la firma de documentos, de incumplir sus horarios e incluso de generar animadversión entre el personal hacia la junta directiva. Algunos médicos apuntaron que había un centenar de certificados sin salida y actas pendientes de rúbrica de casi un año. Sin embargo, otras fuentes interpretan el expediente abierto contra López Madroñero y Suárez-Lledó como una guerra interna por las discrepancias en la gestión colegial.

Si la sanción se aprueba, supondría una triple penalización: ambos se quedarían excluidos de la ejecutiva, dejarían de ser colegiados y se recortarían sus posibilidades de ejercer la profesión. Los dos trabajan en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde no es obligatoria la colegiación, aunque este asunto justamente se dirime en los tribunales. Si esa sentencia declarara que es necesario estar colegiado para trabajar en el SAS y ellos fueran finalmente sancionados, no podrían ejercer durante el tiempo que durara la sanción. Pero, de momento, ambos están liberados. El secretario por el Sindicato Médico y la vicesecretaria por CSIF. Donde ya no podrían trabajar por 26 meses si saliera adelante la sanción es en la medicina privada dado que ahí sí es necesaria la colegiación.

Pero aún no hay ninguna decisión tomada. Todo empezó en abril de 2007 cuando la ejecutiva de Málaga plasmó las acusaciones en un Pleno. A raíz de las supuestas anomalías detectadas, se les retiró la asignación compartida de unos 1.500 euros brutos mensuales que retribuía su labor y luego se les cesó como integrantes de la junta directiva. Otras fuentes creen que esta actuación del Colegio malagueño fue irregular porque, según sus estatutos, las competencias disciplinarias sobre miembros de la ejecutiva corresponden al Consejo andaluz.

Esta institución intervino en octubre, cuando el conflicto ya llevaba seis meses. La entidad autonómica les abrió expediente disciplinario y acordó su suspensión cautelar como secretario y vicesecretaria. En su lugar, fueron designados otros dos sustitutos.

La instrucción ha terminado ahora con la propuesta de sanción elevada al Consejo regional que es el órgano que debe dirimir el asunto. Tiene que hacerlo antes de mediados de mayo en que se cumplen los seis meses de plazo que tiene la tramitación del expediente. Los afectados no quisieron comentar la propuesta que pende sobre su futuro colegial y profesional hasta que no haya una decisión definitiva.

Sean discrepancias, como dicen unos, o irregularidades, como argumentan otros; surgieron apenas un año después de las elecciones en las que participaron unos 6.000 facultativos.