El presidente del organismo portuario, Carlos Rubio, ha confirmado que se trata de un primer avance en la apuesta por disponer en los próximos años de una nueva plataforma con la que complementar los actuales espacios empresariales, altamente ocupados desde hace años. Esta intervención, según los números manejados por el Puerto, implicará una inversión que se estima en unos 20 millones de euros. Esta operación incluirá la adaptación de las áreas colindantes, caso del sellado del actual puerto pesquero, la creación de una línea de atraque para buques de gran calado y el traslado de la lonja a otra ubicación más cercana a la desembocadura del río.

De otro lado, el consejo también ha aprobado aprobó el pliego de bases del servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las nuevas dependencias de la Guardia Civil, que estarán ubicadas en la plataforma de San Andrés. El movimiento de estas instalaciones es clave en la apuesta portuaria por licitar la concesión de unos 25.000 metros cuadrados de suelo en Muelle Heredia para que un privado construya un complejo de oficinas.

Un asunto que es objeto actualmente de análisis y estudio por parte del arquitecto Ángel Asenjo, a quien hizo el encargo hace algunos meses el Ayuntamiento de la ciudad. El consenso entre el Consistorio y el Puerto pasa por variar sensiblemente las condiciones urbanísticas de este desarrollo, de manera que de los alrededor de 26.000 metros de techo inicialmente pensados, se pasará a unos 50.000.  

De otro lado, el consejo ha autorizado la ampliación de la superficie de terrazas del centro comercial Muelle Uno. La medida tiene carácter provisional hasta que finalice el periodo de restricciones sanitarias aplicadas durante el coronavirus. En relación a esta cuestión, Rubio ha informado a los miembros del Consejo de Administración sobre los protocolos y medidas llevados a cabo desde el pasado mes de marzo, el seguimiento de la incidencia en el sector portuario, los equipos de protección implementados y el balance de tráficos durante el estado de alarma, siendo una infraestructura clave en la cadena de suministro y, posteriormente, en la recuperación de la economía.