Málaga es la provincia andaluza con menor ratio de camas de hospital por habitantes en la sanidad pública y la Administración continúa sin dar fecha para la apertura del Pascual bajo gestión de la Junta de Andalucía. Este  centro privado, cuya cesión fue aceptada por el Consejo de Gobierno autonómico en junio pasado, sigue cerrado. 

Esta infraestructura, con control público se prometió para 2023, ante la falta de camas. El verano pasado, la Consejería de Salud retrasó su puesta en marcha para "los primeros meses de 2024". Recientemente, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, reiteró que se abrirá en el primer trimestre de este año. Este viernes, en un acto en Málaga, la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, tampoco ha concretado fecha. "Estamos valorando el plan funcional", ha comentado. Además, ha señalado que se harán "actuaciones de reforma". Pero de momento, la infraestructura prevista para añadir unas 200 camas a la sanidad pública malagueña sigue pendiente. 

En las últimas semanas, UGT ha reclamado su apertura en varias ocasiones y que se dote "suficientemente". Según el sindicato, "ahora hay gente disponible en las bolsas y no se reabre por cuestiones que nadie nos explica". La central tacha de "incumplimiento de la promesa de Moreno Bonilla", el presidente de la Junta, los reiterados retrasos y considera que suponen un "perjuicio" para los malagueños.

A finales de junio de 2023, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto por el que se aceptó la cesión gratuita del inmueble del barrio de la Victoria. La empresa lo cedió por cinco años, prorrogables por otros cinco más. Aunque es gratis, el SAS se debe hacer cargo según ese acuerdo de los correspondientes impuestos, tasas, contribuciones o arbitrios, así como los consumos de suministros, gastos de conservación y de mantenimiento imputados exclusivamente a la parte ocupada para uso público. La cesión alcanza solo al suelo y vuelo ocupado por el edificio hospitalario y sus zonas anexas, manteniendo la sociedad propietaria la titularidad y el uso sobre el aparcamiento, cuya gestión y explotación se resera. 

Esta infraestructura, que dependerá del Hospital Regional, pretende "ampliar, reforzar y mejorar la distribución y organización de la prestación sanitaria en Málaga", según indicó la Junta cuando aceptó la cesión. Será una "ampliación" del principal complejo hospitalario malagueño; un pabellón más junto con el A, B, el Materno y el Civil. Principalmente se destinará al ingreso de pacientes pluripatológicos que requieren un elevado nivel de cuidados. En la primera fase se prevé que trabajen en el Pascual -ya bajo gestión pública- unos 350 profesionales. Desde UGT siempre se ha insistido en que no sean traslados de personal desde el Regional, sino un incremento de plantilla para dotar este nuevo dispositivo de la sanidad pública.