Tras más de dos años de parálisis absoluta, las máquinas y los operarios regresan a la parcela sobre la que se levantará el Centro Oceanográfico de Málaga. La firma Sando reactivó físicamente sobre la parcela portuaria situada junto a San Andrés los trabajos de ejecución de un equipamiento largamente demandado y que tras su arranque se vio mermado por la necesidad de tramitar un proyecto modificado. La prolija tramitación administrativa llevada a cabo por el Gobierno central hasta que se le dio luz verde a principios de año ha bloqueado durante todo este tiempo el avance de la iniciativa, que, en el mejor de los casos, no parece que vaya a estar listo antes del último trimestre de 2020.

"Están empezando con la perforación de los pilotes de la cimentación", explicó el director del Oceanográfico en la provincia de Málaga, Jorge Baró. En la actualidad, el centro ocupa en la actualidad unas instalaciones en la localidad de Fuengirola. Dependencias que se han quedado "antiguas y pequeñas", especialmente en lo que a la parte de laboratorios se refiere. De acuerdo con los datos manejados por el director, la cifra de trabajadores vinculada al Oceanográfico es de unos 75, con la previsión de aumentar la plantilla.

Dos máquinas ejecutan pilotes en los terrenos de San Andrés.

El modificado demandado por Sando al poco de iniciar la obra supuso un aumento del precio del proyecto de unos 483.000 euros (el 9,49% del valor de adjudicación, que fue de 5,1 millones, menos de la mitad que el precio de licitación), manteniéndose el plazo de ejecución de unos 18 meses.

El camino burocrático se alargó mucho más de lo previsto. Ya en noviembre de 2017, desde el Instituto Español de Oceanografía se confirmó que el reformado en la obra había sido firmado por el secretario de Estado, estando en ese momento en la oficina de supervisión de proyectos de ministerio. Tras esta etapa, debía de pasar a la Abogacía del Estado y de ahí a la Intervención para su fiscalización.

El procedimiento se puso en marcha tras una larga negociación entre la dirección facultativa, en manos del ente Segipsa, y la adjudicataria. De acuerdo con la información oficial, desde verano de 2016 (los trabajos arrancaron a principios de julio de ese año), la constructora "puso de manifiesto la necesidad de realizar un modificado del proyecto para reforzar la cimentación con un tipo de pilotes que permitiera asegurar la fragua del hormigón en profundidad como consecuencia de la existencia de agua del mar".

Los primeros planteamientos fueron estudiados "con la intención de que no se produjera un incremento económico de la obra". Sin embargo, tras varias reuniones se asumió la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. La parcela sobre la que se levanta el inmueble, de 4.999 metros de techo, tiene una superficie de 1.804 metros. La propuesta arquitectónica agota la altura permitida, con planta baja más tres altura, organizando las estancias en torno a dos núcleos de comunicaciones verticales, uno principal con escalera y ascensores, y otro secundario con escalera y montacargas.