Sandokán: "Seis años escarnecidos en Malaya han destrozado vida y haciendas"

Los acrónimos SKM, SKAN y R. Gmez no ocultan a Rafael Gómez Sandokán y el promotor cordobés no tenía ninguna necesidad de pagar sobornos a Juan Antonio Roca por favores urbanísticos en Marbella. La defensa del promotor cordobés, conocido con este alias gracias a su generosa melena de discutible parecido con el popular personaje de Emilio Salgari, subrayó ayer el daño que el caso Malaya ha ocasionado "en la vida y las haciendas" de los acusados, tras seis años de "escarnio" y "presión".

La defensa, que ejerce el letrado Julián Chamorro, critica que se haya construido una acusación a partir de tres acrónimos aparecidos en los documentos de Maras, la contabilidad secreta de Roca, que dan cuenta de dos posibles comisiones ilegales por importe total de 600.000 euros. El Ministerio Público entiende que se trata de sobornos a cambio de favores urbanísticos que permitieran a Arenal 2000, la promotora de Rafael Gómez, abrir a sus oficinas un acceso directo al paseo marítimo de Marbella. Para el letrado no existía tal necesidad porque ya tenía un acuerdo legal con el Ayuntamiento gracias a dos convenios urbanísticos por los que desembolsó 600.000 euros a las arcas municipales y que a la postre supusieron un "exceso de lucro" para el Ayuntamiento.

El abogado indicó que el hecho de que Juan Antonio Roca haya admitido que los papeles de Maras eran, efectivamente su contabilidad, no convierte la principal prueba de cargo del fiscal "en la biblia" o en "un dogma", más aún cuando el ex asesor de urbanismo indicó durante el juicio que esas siglas y abreviaturas no se referían a Rafael Gómez, sino a una inmobiliaria de Benalmádena. Por tanto reclamó la libre absolución de su patrocinado y, para el "peor de los supuestos", apeló al in dubio pro reo (en caso de duda a favor del acusado).

La defensa del promotor Cristóbal Peñarroya, que ejerce el letrado Ramón Pelayo, fue mucho más allá en su informe final al no sólo defender la inocencia de su patrocinado, sino señalar directamente a la Junta de Andalucía como la principal responsable de todo lo ocurrido en Marbella durante los sucesivos gobiernos del GIL. Desde su punto de vista, la Junta , a la que reprochó que ejerza la acusación en esta causa, "creó el caldo de cultivo ideal para arbitrariedades y corruptelas de todo tipo". Y esto fue así en su opinión "porque pudo impugnar las licencias" que concedía el GIL y, sin embargo, "las permitió".

La defensa de Peñarroya recordó que los suelos de su patrocinado eran urbanizables desde los años 60, que nadie recurrió las licencias de obra que obtuvo y que si después logró la ocupación por silencio administrativo fue porque correspondía.

Finalmente, el abogado José Rebollo, en representación del promotor granadino José Ávila Rojas criticó la "grave y desafortunada" petición del fiscal Anticorrupción exigiendo al tribunal "una sentencia ejemplar" para el caso Malaya, en la que "parece que pide que se consagre el todo vale" en la investigación. Este abogado alegó que los 4,6 millones de euros que aparecen en los papeles de Maras como aportaciones de su cliente a Roca no son tales, sino liquidaciones fruto de los negocios en común que ambos mantenían, mientras que la defensa del empresario Manuel Lores, que ejerce el abogado Luis Carlos Gómez de la Borbolla, subrayó "la falta de pruebas" para sostener que este promotor de El Puerto de Santa María pagara 50.000 euros al ex asesor de urbanismo por edificar en un suelo que al comprarlo ya estaba sujeto a un convenio urbanístico.

Los informes finales de los abogados de los empresarios procesados en Malaya siguen hoy.