El abogado de 'Sandokán' vincula a un comisario con sobornos de Roca

El abogado Antonio Urdiales, que defiende en el caso Malaya al promotor cordobés Rafael Gómez Sandokán, abrió ayer la caja de los truenos. El letrado sugirió ante el tribunal que una vía de investigación en torno a la trama de corrupción en Marbella terminó artificial y subrepticiamente cuando en la documentación intervenida a Juan Antonio Roca aparecieron las siglas J.A.G. junto a la leyenda de que se trataba de un alto mando policial que había recibido 200.000 euros.

¿Quién es J. A. G.? "Será o no será, pero con esos mimbres no se trata de otro que del comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González". "Eso lo saben hasta los porteros de las comisarías", agregó el letrado que remató su argumentación afirmando que si se tratara de otra persona "ya estaría más que detenida".

Urdiales resaltó "lo poco que tardaron los esforzados funcionarios de la Udyco y de la UDEF" en vincular los acrónimos que se hallaron en los archivos informáticos intervenidos en la sede de Maras Asesores, considerada la oficina central del presunto cerebro de Malaya, con los nombres de los cargos públicos y empresarios procesados en esta causa por recibir y pagar sobornos y, sin embargo, nunca se ha podido establecer la identidad que se oculta bajo estas últimas siglas aparecidas entre la documentación decomisada en un trastero de Juan Antonio Roca.

La defensa del promotor cordobés agitó las especulaciones en torno a los servicios que habría podido prestar J. A. G. para, a cambio, recibir 200.000 euros y la rapidez con la que se archivaron las diligencias relacionadas con esta vía de investigación. Por eso pidió al tribunal que "reclame los antecedentes de las actuaciones relacionadas con J. A. G.", al margen de que se pueda interrogar durante el juicio a los inspectores que conformaron el núcleo duro de investigación en el caso Malaya.

Al término de la sesión y preguntado por los periodistas, Antonio Urdiales reiteró con generosidad la totalidad de estos postulados. El letrado, en su incendiaria intervención en la sala, coincidió con los demás abogados en criticar lo que consideran que ha sido una continua vulneración de los derechos fundamentales a lo largo de esta investigación, si bien en su caso se distinguió del resto de las defensas al exculpar tanto al juez instructor como al fiscal Anticorrupción, porque en su opinión aquellas irregularidades "hay que atribuirlas a la voluntad de un Gobierno, de un sistema que ha perdido el norte y no le importa usar un sistema de intimidación".

Ese sistema, supuestamente, lo estaría poniendo en práctica la Policía en aquellos partidos judiciales atendidos por jueces y no magistrados, dando a entender que se trataría por tanto de instructores más vulnerables a las posiciones policiales. Por eso, por ejemplo, se produjeron despliegues policiales para detener a implicados que, sin embargo, se evitaron en el caso del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía.

El resto de los letrados que ayer expusieron las cuestiones previas al inicio de los interrogatorios de los procesados mantuvieron la línea argumental de los últimos días, en el sentido de denunciar que el magistrado que dirigió la investigación, Miguel Ángel Torres, se apropió de un procedimiento que no debería haberle correspondido a él si se hubieran aplicado las normas de reparto que regían en los juzgados de Marbella. La vista oral continuará el próximo 18 de octubre.