Tras la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto-ley con diferentes medidas para hacer frente a las consecuencias que la sequía está dejando por todo el país aún quedan algunas incógnitas. Entre ellas la ubicación de la desaladora de Málaga y cuándo estará terminada. En este sentido, el secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán ha asegurado que estas cuestiones se podrán resolver en el momento en que se reúnan con la Junta de Andalucía y acuerden las ubicaciones exactas. Además, también ha señalado que ante la actual situación de sequía el sector agrario debe adaptarse a los recursos con los que actualmente cuenta porque las consecuencias del cambio climático que preveían para 2035/2040 ya están aquí.

–El pasado jueves se aprobó en el nuevo Real Decreto-ley para hacer frente a la sequía una partida de 1.400 millones de euros para construir nuevas infraestructuras hídricas, ¿ese dinero de dónde procede?

–Hay un poco de todo porque hay financiación que va con cargo a un suplemento de crédito extraordinario, financiación que va con cargo a los fondos Next Generation, financiación que va con cargo de los presupuestos generales del Estado, y hay financiación que va con cargo a las actuaciones de las sociedades estatales de agua, es decir, vía mercado financieros.

–Entonces esos 200 millones de euros para las desaladoras de Málaga y Almería, ¿de dónde vendrían?

–Pues al igual que el conjunto de inversiones que ejecutan las sociedades estatales de agua, en este caso serían dos actuaciones de las que se encargarían a Acuamed. Estas se financian una parte con cargo de la sociedad estatal y con otra parte van con cargo a financiación externa que bien pueden proceder de dotaciones de fondos públicos, algunos casos fondos europeos, o bien de mercados financieros.

–En cuanto a la ubicación de las desaladoras, ¿Dónde estarían?

–La Junta de Andalucía nos planteó la necesidad de abordar una solución de carácter estructural para la vulnerabilidad que presentan dos zonas concretamente, el levante almeriense y la Costa del Sol y para las que estaban pensando abordar una inversión para dos plantas desaladoras. Esta petición nos la plantearon para que en la medida de lo posible desde la Administración General del Estado se pudiera apoyar a la Junta de Andalucía en estas actuaciones. Las valoramos nos pareció que entraban dentro de la capacidad de apoyo que desde Acuamed venimos desarrollando en todo el plan de desalación que se ejecutan en la franja mediterránea y a partir de ahí la ubicación de estas desaladoras tiene que ser una decisión que abordemos con la propia Junta de Andalucía y con las administraciones locales del territorio porque se trata de encontrar la mejor ubicación posible a juicio del conjunto de todas las administraciones.

"La ubicación de las desaladoras es una decisión que abordemos con la Junta y con las administraciones locales”

–En el caso de Málaga, si finalmente el dinero es para la desaladora de Vélez-Málaga y ahora mismo hay tres empresas privadas interesadas en asumir la construcción de esta sin coste, ¿no sería más conveniente destinar ese dinero a la ampliación de la desaladora de Marbella?

–Nosotros responderemos a la petición de ayuda de la Junta de Andalucía en los términos en los que la Junta considere que es lo más operativo y más útil. Estamos ahora mismo en la fase inicial y a partir de este momento los equipos técnicos, tanto de la Dirección General de Agua como de Acuamed, como de la Consejería de Agricultura de la Junta están trabajando para poner en marcha todos los procesos para poder arrancar con la redacción de los proyectos, una vez que esté decidida la ubicación de las desaladoras.

–En cuanto al plazo de construcción y los trámites, no estarán para este verano, pero el propio presidente de la Junta ha comentado en alguna ocasión que la construcción de estas infraestructuras podrían prolongarse hasta 5 años, ¿Cuándo cree que podrían estar terminadas?

–No lo sabemos. Ahora tenemos que ver hasta qué punto ha avanzado la Junta de Andalucía con estos proyectos y en función de en qué momento se encuentren pues el calendario podrá anticiparse más o menos. Hay que tener en cuenta que la redacción de un anteproyecto y su valoración ambiental lleva un plazo de tiempo que no es menor. Con lo cual esto lo tendremos que ver con la Consejería y en función de la madurez de estos proyectos, los plazos serán más o menos cortos o más o menos largos.

–Con respecto a la Axarquía, es una de las zonas de Málaga más afectadas por la sequía y allí abundan los cultivos subtropicales, ¿considera que es sostenible mantenerlos dada la cantidad de agua que necesitan?

–Desde hace ya varios años, los informes que viene haciendo el Panel Intergubernamental del Estudio del Cambio Climático, que anticipan cuál es la situación primero de Europa, luego del Mediterráneo y después de la Península Ibérica, advierten de la necesidad de una adaptación del sector agrario en relación a sus producciones a las condiciones climáticas a las cuales nos vamos a enfrentar. Es cierto que las proyecciones que se hacían nos llevaban a fechas más lejanas en el tiempo, pero lo que estamos viendo es que esos horizontes ya se anticipan. El pacto de cambio climático que se veía para el 2035/2040, ya ha llegado, por lo cual es necesario e imprescindible que el sector agrario en su conjunto haga un proceso de adaptación a esas nuevas condiciones. Primero porque no es posible seguir produciendo con el mismo volumen de recursos y con lo que se ha venido contando hasta ahora porque ya no van a ser tales. Además en segundo lugar es al propio sector al que le interesa tener un seguro de vida, en el sentido en el que el sector agrario va a seguir siendo importante en nuestro país y la adaptación es clave en esto.

–En relación al tema de los pozos ilegales que se están investigando en Málaga y en Doñana, ¿cree que serían necesarios más medios de vigilancia?

–Lo primero que se necesita es un nivel de implicación del conjunto de las administraciones a la hora de abordar una correcta planificación de los recursos con carácter general. En segundo lugar, una toma de conciencia del sector porque cada vez tiene que ser más consciente de que no puede mantener una situación en la cual aparecen competidores generales que perjudican a aquellos que ejercen su labor con sus concesionales perfectamente en regla y que están robándoles unos recursos que ponen en riesgo la propia supervivencia de explotaciones que cumplen con la legalidad. A partir de ahí lo que podemos decir es que cuando llegamos en 2018 tomamos consciencia de cuál era la situación y pusimos en marcha diferentes actuaciones en puntos donde se venían constatando irregularidades en la explotación de recursos. Los resultados de los trabajos nos aproximan a un nivel de regularización que nos permite en un principio ser optimistas porque podríamos estar en una senda correcta que conciencie al conjunto de la sociedad y sobre todo para que todos aquellos que pudieran tener la tentación de aprovecharse de los recursos para un enriquecimiento ilícito, desistan.

"Los tres elementos para la adaptación del ciclo del agua al cambio climático son: ahorro, eficiencia y reutilización”

–En este Real Decreto-ley también se ha anunciado el trasvase de 3 hectómetros hasta Matalascañas entre las medidas urgentes por la sequía, ¿Cuándo se realizaría?

–Dentro del volumen del trasvase que está previsto en la ley del trasvase de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir para aminorar la presión sobre los recursos subterráneos de Doñana, de esos 19,99 hectómetros cúbicos ya se están trasvasando de carácter ordinario anualmente unos 7 hectómetros. Estos 3 hectómetros son un nuevo paso más en la activación del volumen total y que nos permitirá avanzar hasta conseguir en un calendario razonable la aportación de esos 19,99 hectómetros. Estos estarán destinados exclusivamente a sustituir concesiones de aguas subterráneas que cuentan con el derecho reconocido, en ningún caso pueden ir a aumentar nuevas superficies de regadío que en la proposición de ley que han presentado PP y Vox en el Parlamento de Andalucía parece que es lo que pretende y legalmente eso no es posible.

–¿Después de la aprobación de esa proposición de ley, ha habido algún tipo de negociación discreta con la Junta para poder resolver el problema?

–En la última convocatoria del Consejo de Participación de Doñana se le trasladó a la Junta de Andalucía la petición formal de que retiren esta iniciativa parlamentaria y que vuelvan al seno del diálogo. A día de hoy el consejo sigue esperando a que la Junta de Andalucía atienda esta petición, pero no perdemos las esperanzas de que en último término la petición del consejo sea atendida. Aunque si no es por la vía de esa invitación, esperemos que por la advertencia de la Comisión Europea en relación con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia para que este proceso no siga adelante sea atendida.

–¿Cuándo está previsto liberar agua del Guadiamar por la 'orilla' de Huelva?

–El Guadiamar y el Brazo de la Torre son dos obras que han sido declaradas actuaciones prioritarias y por lo tanto se acometerán de carácter inmediato. Teniendo en cuenta que estas eran dos líneas de agua naturales que quedaron cerradas hace años, cuando consigamos devolver su naturalidad a estos espacios volverá a recuperarse esa conexión natural que el parque había perdido.

–La presa de Alcolea sigue paralizada, a pesar de tener DIA vigente y con participación en la financiación de la Junta asegurada. ¿Por qué no se ejecuta si es vital para la provincia?

–En el plan del Tinto-Odiel-Piedras en su esquema de temas importantes en el año 2019/2020 se recoge una advertencia de que esas agua podrían no tener la calidad exigida para los usos planificados. Lo que hizo este Gobierno fue encargar un estudio para que constatase si efectivamente esas aguas cumplen con los requisitos de salubridad necesarios y no será hasta el momento en el que contemos con unas garantías suficientes cuando se tome una decisión de si esas decisiones deben seguir adelante o no.

"Nuestras prioridades en relación con el agua son atender a aquellas que marcan la directiva europea de aguas”

–Las obras del desdoble del túnel de San Silvestre debían empezar antes del verano. ¿Cuándo lo harán? ¿Seguirá dando servicio el actual cuando entre en funcionamiento el nuevo?

–Las obras del túnel de San Silvestre acaban de adjudicarse a la empresa que será la que ejecute esta inversión que ronda los 60 millones de euros y la previsión es que los trabajos puedan iniciarse no más allá del mes de junio. Una vez que se concluyan, el túnel estará en condiciones de transportar unos 20 hectómetros, es decir, duplicará la capacidad de transporte y garantizará el suministro de agua.

–Hace casi un mes que el norte de Córdoba no tiene agua para el consumo humano porque el pantano de Sierra Boyera está sin agua, ¿Cuándo podrán volver a tener agua potable, tanto de forma provisional como definitiva, los vecinos de Los Pedroches y el Alto Guadiato?

–En el 2020, la Junta declaró la obra de interconexión de los embalses de la Colada y Sierra Boyera como una obra de interés autonómico. En el verano de 2022, como consecuencia de una disminución brutal de los recursos de abastecimiento se dirigieron a nosotros los municipios del entorno, unos 27, para pedirnos que interviniésemos, pusimos en marcha una actuación urgente y la obra se ejecutó. En marzo las finalizamos, pero el agua resultante tiene un problema de adecuación a los parámetros que la normativa de agua exige, con lo cual en estos momentos ya dispone de agua el territorio, pero está limitada a unos usos que son de aseo y limpieza. En estos momentos no es un agua que reúna las condiciones, de acuerdo con la normativa sanitaria, para cocinar o beber.

–El Gobierno andaluz le pidió al Gobierno central un desembalse para que haya agua en el río Quema cuando lo atraviesen los peregrinos de El Rocío, ¿qué va a suceder finalmente?

–En estos dos años de sequía nos hemos encontrado con algunas peticiones que ciertamente resultan un poco sorprendentes a la hora de valorar cuáles son las prioridades que unos u otros tenemos en relación con el agua. Nuestras prioridades son atender a aquellas que marcan la directiva europea de aguas y que forman parte de nuestra propia ley de agua. Son, en primer término, los usos ambientales y el abastecimiento de agua y en relación con los usos económicos, el primero de ellos es el regadío. Los usos de carácter turístico o lúdico están a la cola, al final de todo ese proceso. Por lo cual resulta sorprendente que el año pasado desde la Junta de Andalucía, el presidente mostrase interés en que se atendiese el abastecimiento para los campos de golf en un momento en el que se estaba restringiendo los abastecimientos para usos urbanos, e incluso para el regadío y que este año la petición sea para atender un uso que no tiene que ver nada con los prioritarios. En el caso del desembalse para el regadío en la zona, como se hace habitualmente, pues se hará en función de las necesidades que las comunidades de regantes nos trasladen, pero no podemos condicionar las necesidades de los regantes a un uso para una actividad festiva, como es en este caso la Romería del Rocío. Es cierto que es una actividad de un enorme interés cultural y social en Andalucía, pero ya las propias hermandades en su momento se manifestaron en el sentido de que hay que tener un poco de contención a la hora de valorar cuáles son las prioridades en relación con el uso del agua. Por lo cual, se hará el desembalse en el momento que las comunidades de regantes consideren el momento más adecuado para atender esa necesidad. 

–En cuanto a las restricciones de agua, Moreno comentó hace unos días que si de cara a septiembre no llovía en las cuencas mediterráneas en las que tiene competencia la Junta, se plantearían comenzar con restricciones. Por parte del Gobierno ¿se han planteado la posibilidad de comenzar con restricciones en unos meses si finalmente no llueve?

–A la hora de abordar la gestión del ciclo urbano del agua, las competencias son de los ayuntamientos. Lo que hay que decir es que con carácter general, el conjunto de la ciudadanía debe ser lo suficientemente responsable como para entender que en situaciones como estas es necesario adoptar un compromiso, cada uno, personal, de un uso razonable del agua. En lo que toca la Administración General del Estado, España es uno de los países que tiene a nivel europeo un mecanismo de respuesta frente a situaciones de sequía más avanzado. Venimos diciendo que la inmensa mayoría del abastecimiento de este país está garantizado, aunque pueden surgir problemas en zonas localizadas. La Junta de Andalucía dentro de las competencias y el conocimiento que tiene de las tres demarcaciones, pues tendrá un análisis de impacto y creo que de ahí viene la petición de la Junta para poner en marcha las obras de estas dos desaladoras en zonas que son competencia de la Junta y que nosotros lógicamente en cooperación hemos asumido.

"Uno de los parámetros en los que hay avanzar es en el del consumo de agua por persona y día”

–¿Considera que la sociedad es consciente de lo que está ocurriendo? 

–La ciudadanía tiene cada vez una concienciación ambiental mayor. De hecho la sociedad española, de forma reiterada, en las encuestas que se hacen refleja una mayor conciencia ambiental y en este ámbito el agua es probablemente el principal de los elementos que define esta conciencia. Estamos en un país que tiene muchas posibilidades de avanzar en el ahorro y el uso eficiente del agua. Queda mucho recorrido por hacer, y uno de esos parámetros en los que hay avanzar es en el del consumo de agua por persona y día y no debemos de bajar la guardia.

–De cara al futuro, las sequías serán cada vez más frecuentes. Para entonces ¿qué medidas se podrían llegar a tomar?

–Hay tres elementos que tienen que formar parte de la hoja de ruta en términos de adaptación del ciclo del agua al cambio climático y eso se llama: ahorro, eficiencia y reutilización y afecta a todos los ciclos. En el agrario, el ahorro significa que hay que reducir el consumo de agua por hectárea y reducir hectáreas allí donde no hay recursos suficientes. En términos de eficiencia, nuestro país en este sector ha alcanzado un nivel de modernización del regadío altísimo, pero lo tiene que completar. En la reutilización, España es el país con los mayores índices de reutilización de agua de Europa. Este volumen es el 10% del agua del ciclo urbano y el elemento del decreto ley que considero más relevante es el que incorpora una modificación de nuestra legislación de agua para duplicar la disponibilidad de aguas regeneradas para su reutilización.