El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha suspendido la declaración que iba a prestar este martes el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), en calidad de investigado y se aplazado la comparecencia a enero de 2023.

Además del alcalde estaban citados hoy seis ediles del equipo de gobierno todos ellos investigados en una causa en la que se intenta dirimir si se ha producido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente así como prevaricación.

Otros seis miembros del Ejecutivo local también están citados en calidad de investigados y deberán comparecer el 15 de diciembre ante el instructor.

El caso se inició tras la denuncia formulada por concejales de Adelante Alhaurín que ejercen la acusación popular contra el ayuntamiento de Alhaurín y el club de tiro "Jarapalo".

Según IU, el campo de tiro carece de licencia de apertura y su actividad está contaminando, por metales pesados, el arroyo de la Breña, un afluente del río Guadalhorce.

El Seprona inició una investigación a raíz de la comunicación de la Fiscalía de Medio Ambiente tras recibir dicha denuncia de los concejales de Adelante Alhaurín de la Torre, donde se afirmaba que no se habían tomado medidas a pesar de las mociones presentadas en el pleno municipal.

Según el informe del Seprona, al que ha tenido acceso Efe, de la investigación realizada por los agentes se desprende la existencia de indicios de posibles delitos contra los recursos naturales, medio ambiente y prevaricación.

También se desprende que el club carece de licencia de apertura y de actividad y que "a día de hoy se siguen produciendo vertidos de plomo tanto en los terrenos que rodean al campo de tiro como en el Arroyo la Breña", así como que la gestión de dichos residuos era "muy deficiente", tan solo con una gestión parcial desde 2017.

Desde Seprona también se argumenta que "en ninguna documentación aportada se refleja el hecho de haber ejercido las debidas competencias en materia de aperturas", como vigilancia o control de la actividad; sin que se haya iniciado expediente a pesar de conocer "la posible afección del arroyo".

Por su parte, el alcalde mantiene que la denuncia es falsa y no tiene ninguna base, "solo quieren hacer ruido por la cercanía de las elecciones municipales", al tiempo que se muestra convencido de que "el caso acabará archivado como en las 68 denuncias anteriores".

Villanova destaca que "no tenemos ningún problema en explicar, esclarecer y demostrar que ni yo ni ninguno de nuestros concejales ha cometido ilegalidad alguna y mucho menos ningún delito en lo que se refiere a la actividad de este campo de tiro".

En un comunicado el alcalde ha indicado que este campo de tiro "lleva abierto cerca de 60 años en nuestro término municipal. Cuando abrió aquello yo tenía 5 años, en España gobernaba Franco y las licencias para esas actividades las daba el gobernador civil.

El regidor explica que "las competencias del Ayuntamiento en este tema son muy limitadas, ya que la supuesta contaminación afectaría a un arroyo y a terrenos de dominio público hidráulico que dependen de la Junta de Andalucía, mientras que la actividad de tiro y el uso de armas está directamente controlada y debe ser autorizada por la Guardia Civil como marca la legislación vigente".