La propietaria mayoritaria de los suelos de Sánchez Blanca, Urbania, empieza a perfilar su modelo para la construcción de unas 2.000 viviendas en estos terrenos, localizados en la zona oeste de la capital de la Costa del Sol. Detalles de los que ha informado el director ejecutivo de la promotora, Tomás Gasset, acompañado por el arquitecto José Seguí, al alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, en una reunión celebrada este jueves.

En el encuentro, según han detallado a este periódico, Gasset ha puesto de manifiesto la apuesta por impulsar "un modelo diferenciado", que responda a las "demandas reales" de la población. Y para lograr este objetivo, Gasset ha explicado que se recogerán opiniones de los ciudadanos sobre la tipología residencial más adecuada.

"La realidad es que las viviendas ya no pueden ser las clásicas", ha expuesto, apuntando la demanda creciente de viviendas familares, monoparentales o destinadas a la tercera edad, entre otras. A esta línea de acción se suma la certeza de que un porcentaje elevado de las futuras promociones se destinará a alquiler, ante la dificultad que presenta el mercado de compra. La previsión de la empresa es que los trabajos de urbanización del sector arranquen a principios de 2020.

Otra de las particularidades de la apuesta residencial que maneja Urbania para este espacio se relaciona con la sostenibilidad, no sólo en materia energética, sino también de movilidad interna. Asimismo, se habla de facilitar la conexión de los futuros vecinos "con paneles de información". "La idea es hacer una ciudad dentro de la ciudad", ha explicado Gasset en el encuentro con el regidor.

Urbania compró a finales del pasado mes de julio los aprovechamientos de Sánchez Blanca que hasta ese momento estaban en manos de la sociedad Gestión de Inmuebles Adquiridos, perteciente a Unicaja Banco. Si bien es el mayoritario en el sector, no es el único, ya que también participan en el mismo el propio Ayuntamiento, con derechos para unas 700 viviendas, de las cuales más de 600 serán de protección oficial; la promotora Andria, y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).