El edil de Urbanismo de Coín afirma que por "error" se tardó en paralizar la obra

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Coín, Andrés Mérida (PA), defendió ayer la gestión realizada en el proyecto urbanístico que está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 3 del municipio, al tratarse supuestamente de una construcción irregular que se inició sin la correspondiente licencia municipal y sobre suelo rústico. Aunque admitió que "posiblemente el error haya estado en el tiempo transcurrido entre la paralización de la obra de forma oral y el decreto por escrito".

El edil andalucista afirmó que "el urbanismo ilegal todavía no ha llegado a Coín" y señaló que el Ayuntamiento ha seguido los trámites que marca la ley paralizando la obra al promotor. Sin embargo, según las diligencias que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Coín, el promotor está acusado de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio por construir sobre suelo rústico sin licencia y por desobediencia al no haber acatado la supuesta orden de paralización que emitió el Ayuntamiento de Coín el 14 de mayo de 2009, dos días después de que la Guardia Civil denunciara el Ayuntamiento la existencia de esta obra presuntamente irregular.

A Mérida se le imputan los presuntos delitos de prevaricación por omisión y falsedad documental, y al secretario municipal el de falsedad documental. La edificación presuntamente irregular que detectó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en una inspección rutinaria hace un año se sitúa en unos terrenos de unos mil metros cuadrados donde se ubicaba la antigua granja-escuela del municipio que cerró sus puertas hace más de 20 años. En este lugar situado en la zona del Cerrillo del Molino, junto a la carretera de Guaro, la Policía Local ya había detectado hace dos años que se estaban realizando unas obras presuntamente irregulares, ya que las tres naves existentes se estaban supuestamente convirtiendo en estructuras de hormigón distribuidas en una especie de apartamento con todo tipo de detalles de lujo como suelos de mármol y un jacuzzi. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que el Ayuntamiento no inició ni un expediente sancionador ni se ordenó parar la obra entonces.

En este sentido, el responsable de Urbanismo en Coín admitió que el promotor cometió una "infracción" al comenzar los trabajos en febrero de 2008 sin la licencia municipal, pero aseguró que desde la Concejalía se paró la obra "de forma verbal" y se informó al promotor sobre los trámites que debía seguir.

El concejal indicó que el constructor no presentó el proyecto y ante este retraso se emitió desde el Ayuntamiento un decreto de paralización y se procedió a la apertura de un expediente sancionador. Según Mérida, durante este periodo de tiempo el promotor siguió con los trabajos, que fueron detectados por el Seprona en una inspección que llevó a cabo desde un helicóptero y que emitió la correspondiente denuncia el pasado mes de mayo. Pero no fue hasta septiembre cuando el Consistorio presentó la documentación requerida por la Guardia Civil.

Con respecto a la catalogación del suelo sobre el que se emplaza la construcción, el responsable de Urbanismo señaló que es suelo no urbanizable pero que no cuenta con ninguna protección y desde hace más de 20 años se encuentran allí las tres naves. "Es legal porque si lo fue hace 20 años, también lo es ahora", insistió.

Finalmente, Mérida desmintió que tanto él como el promotor y el secretario fueron citados a declarar por la Guardia Civil en calidad de detenidos sino como "imputados", como publicó ayer este periódico. "La relación con el Seprona es de cordialidad y de máxima colaboración", añadió el edil, que anunció tomar medidas legales con la noticia publicada ayer por este medio.

El concejal andalucista agregó que incluso remitieron un escrito de la Concejalía de Urbanismo, firmado por el alcalde de la localidad, Gabriel Clavijo (PSOE), a la Fiscalía para informar sobre todo el proceso llevado a cabo en los terrenos de la granja-escuela, que superó también una aprobación en un pleno celebrado en octubre catalogando el proyecto como bien de interés social. Tanto el PA como el PSOE, los dos miembros del equipo de gobierno, han defendido la honradez del edil de Urbanismo y del secretario municipal, así como los trámites realizados por el Ayuntamiento.